Por Roberto Pantoja Arzola
En días pasados fuimos testigos de un capítulo más de la parsimoniosa lentitud y los vicios institucionales que prevalecen en las instancias encargadas de combatir la corrupción, justo cuando una autoridad administrativa acordó inhabilitar al exgobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo por 11 meses, nada más y nada menos que por el grotesco motivo de la omisión de la presentación de su declaración patrimonial.
El alcance de la crisis humanitaria, social, política y económica que dejó como herencia el silvanismo en Michoacán, no tiene proporción alguna con el minúsculo castigo que recibe de parte de una autoridad local, mediante el cual si bien se le impide a ocupar cargos públicos; no le lleva a entregar cuentas sobre sus actos al frente del gobierno del estado.
Para dimensionar la magnitud del desastre que dejó Aureoles, habrá que decir que en 2015, año en el que inició su administración, se cometieron mil 553 homicidios; y para 2020, último año completo de su gobierno, esta cifra habría alcanzado 2 mil 430 personas asesinadas. A ello se suma una serie de compromisos financieros del orden de los 20 mil millones de pesos, que legó a la actual administración sin dejar la suficiente liquidez para enfrentarlos al cierre de su mandato.
La pérdida de credibilidad y el debilitamiento institucional fue otro de los nefastos legados del sexenio silvanista. Franjas enteras del territorio estatal fueron dejadas al abandono, mientras el mandatario preparaba en reiteradas ocasiones el terreno de sus ulteriores aspiraciones político – electorales.
La sanción contra Aureoles Conejo llega en un contexto en el que el ex gobernador ha incrementado su activismo político, atreviéndose a presentarse con la caradura de un hombre frívolo que se coloca frente a la opinión pública ofreciendo lecciones de buen gobierno y de moral en el servicio público. El fraude a la ley que le ha permitido montar una costosa campaña de espectaculares, es proporcional al vacío de su discurso y de la impunidad con la que se ha mantenido sin castigo, tanto él como los funcionarios que formaron parte de su gobierno.
Queda para el basurero de la historia la imagen de Aureoles y las imposturas de sus pataleos al cabo de un proceso electoral en el que su candidato al gobierno de Michoacán fue derrotado por una mayoría de michoacanas y michoacanos que salieron a manifestarse hartos de la corrupción. La historia castigará de igual forma a quienes dejen en la impunidad los errores y omisiones del silvanismo. La sanción que hasta el momento ha recibido es tan pueril como la de la ley del hielo o la del látigo del desprecio.
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