Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Este martes se prevé que el Pleno de la Cámara de Diputados realice la votación sobre la ley “3 de 3 contra la violencia”, luego de que el lunes fuera aprobada en comisiones.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la ley “3 de 3 contra la violencia”, con 33 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones.
El proyecto, presentado por diputadas integrantes del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, con el objetivo de suspender los derechos para ocupar cualquier cargo público a personas agresoras y deudoras de pensión alimenticia.
“Elevar a rango constitucional la medida ‘3 de 3 contra la violencia’, y establecerla como un requisito para ser registrado como candidata o candidato de elección popular, o ser nombrado para cualquier empleo o comisión en el servicio público”, señala el proyecto.
En la discusión se avaló una modificación al artículo 38, para incluir una fracción VII, presentada por la diputada Blanca Alcalá Ruiz (PRI), que señala cuáles son los supuestos en los que se suspenden los derechos de quienes se encuentren en estas condiciones.
En ese sentido, se indica la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, cuando tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, equiparada o doméstica y violación a la intimidad; por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Asimismo, al ser declarada como persona deudora alimentaria morosa, por lo que la persona no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Tampoco podrán ser abanderados los sentenciados “por estar prófugos de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión”.
El dictamen fue enviado a la Mesa Directiva y se prevé sea votado este martes por el Pleno de San Lázaro.
Con información de El Economista
