Por Mario Ensástiga Santiago
La reciente aprobación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios (RNDA) por el Senado de la República, no deja de ser un hecho legislativo de suma importancia frente a la divulgación del evidente revés de la cancelación del plan b electoral del gobierno de la 4t, el acuerdo que hoy me ocupa constituye una estrellita más en la histórica, larga y justiciera lucha por los derechos humanos plenos de las mujeres frente a una sociedad –por degracia– aún patriarcal en gran medida.
Este proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados en el 2019, estuvo 4 años en la congeladora, rescatado ahora por la senadora morenista Olga Sánchez Cordero, quien aseguro en el proceso de promoción del iniciativa, “si bien, es cierto, en la actualidad existen diversas normas que buscan alcanzar dichos objetivos, en la realidad no se ha logrado de manera integral”, es por ello que el pasado 22 de febrero fue aprobado por las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, finalmente se aprobó en la plenaria el miércoles 22 de marzo por mayoría de votos, 84 de 128, dicho acuerdo será remitido al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El diagnóstico que justifica la aprobación plural de tan importante proyecto, ataca de frente ésta brutal problemática que han padecido, que padecen y seguramente en menor grado seguirán padeciendo por diversas razones millones de mujeres; las estadísticas señalan que 7 de cada 10 padres de familia trás el divorcio, se desentienden de la manutención de los hijos, es decir les dejan a las mujeres tan grande responsabilidad, por otra parte una de cada 10 mujeres que demandan y exigen la pensión alimenticia de ley, sólo una logra su objetivo.
El RNDA, si bien es cierto que en sí no es una ley, sí implica la modificación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Nacional Civil y Familiar, para garantizar que las personas deudoras de la manutención alimentaria cumplan con sus obligaciones, en consecuencia principalmente el Sistema Integral de la Familia (DIF), será la institución responsable de operar en los distintos órdenes de gobierno las respectivas modificaciones y mandatos a las leyes señaladas.
Las restricciones que tendrán que observar los deudores alimentarios, son varias, no podrán tramitar licencias de conducir; pasaportes; competir por un cargo de elección popular; no podrán realizar trámites ante un notario, referentes a la compra-venta de inmuebles y cesión de derechos; tampoco podrán ser parte de procesos para la designación de personas juzgadoras (magistrados o ministros), y por si fuera poco, no podrán casarse legalmente si se ubican registrados en el mencionado padrón, por lo que los jueces del Registro Civil, incorporarán al protocolo de casamiento el conocimiento y advertencia de las obligaciones que adquieren.
Evidentemente este acuerdo legislativo es un tema de alta justicia a las mujeres que con muchos sacrificios y avatares sacan adelante a los hijos e hijas, negar la pensión alimenticia es una forma de violencia económica que las mujeres han padecido durante décadas, aún cuando esa obligación ya existía legalmente, este registro puede ser muy agresivo para algunos sectores de la población, sobre todo para el sector masculino, pero definitivamente sólo de ésta manera se podrá acabar con ésta lacerante impunidad.
Sabemos que los varones deudores alimentarios han practicado diversas argucias para evadir sus responsabilidades, incluso se han dado casos en los que han preferido renunciar a trabajos bien remunerados y esconder sus propiedades e ingresos para no responder a la crianza y educación de los hijos.
éste padrón coadyuvará a resolver algunas importantes problemáticas sociales, como que los niños, niñas y adolescentes ingresen a trabajar a muy temprana edad, en campos agrícolas, limpia parabrisas, pidiendo limosna, que haya tantos niños y niñas de la calle y en la calle, embarazos tempranos, adicciones, prostitución de hijos y madres, y claro el abandono de la escuela.
Por otra parte, esperamos que con el referido padrón de deudores alimentarios, la clase política machista dominante, sé sensibilice y en verdad opere sus políticas públicas y privadas, en función de los nuevos signos de una sociedad más democrática, humana, solidaria y justa entre los géneros; ya que la experiencia señala que también los que transitan por la política-política, pesa a que incluso económicamente sena exitosos, no cumplan.
En lo personal sé de alguno que otro legislador, gobernante o dirigente político que han caído en ésta situación, pese a la falta de congruencia ética y humana, ya que se empeñan en sus discursos y narrativas políticas ante la ciudadanía en dar la imagen de entender lo justo y profundo de las lucha de las mujeres, imparable y en constante fortalecimiento para derribar el gran muro patriarcal que la sociedad capitalista y neoliberal ha levantado por años y años, principalmente en los países con menos indicadores positivos de democracia y desarrollo social y económico, ahora sí deudor alimentario, ¡que pase el desgraciado!
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