Héctor Tapia / Metapolítica
Finalmente, luego de varios señalamientos, este inicio de semana la Secretaría de Contraloría del Gobierno de Michoacán, solicitó al Congreso del Estado se inicie el proceso de juicio político en contra de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
La solicitud de juicio político se hizo llegar a la presidencia de la Mesa Directiva de Congreso local, con lo que se llevará a la Junta de Coordinación Política del legislativo para que se programe para la siguiente sesión legislativa.
De acuerdo a la información que se ha vertido de manera preliminar, el argumento de la solicitud planteada por Contraloría, es por presuntamente haber beneficiado con contratos a familiares y cercanos, contratos estimados en 258 millones de pesos, según en la exposición de motivos que se hizo llegar en el documento.
Hay que recordar que Miguel Ángel Aguirre Abellaneda durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo fue Delegado Administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), posición desde la cual, se argumenta, se benefició a familiares y allegados con los referidos contratos millonarios.
Durante el mismo periodo de gobierno pasado, Aguirre Abellaneda dejó la Delegación Administrativa para ser postulado como Auditor Superior de Michoacán, posición a la cual accedió en medio de un proceso legislativo desaeado y señalado por la cercanía que tenía de manera evidente con Aureoles Conejo.
Las empresas por las cuales principalmente se le ha señalado y con las cuales tiene vínculos cercanos son las empresas de Maram Constructores y Arquidemos, a través de las cuales se benefició a sus allegados, esto desde el gobierno pasado y que ahora salieron de nueva cuenta a la luz a raíz de dos contratos que obtuvo con el gobierno de Morelia en este periodo, lo que fue señalado como conflicto de interés de parte de Aguirre Abellaneda, dado que esas obras son revisadas en su fiscalización por la instancia que encabeza.
Con este juicio político lo que se busca, de avanzar y concretarse, es destituir a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. Cabe apuntar que esta solicitud será planteada en el Pleno del Congreso, quien turnará a la Comisión Jurisdiccional para que se analicen los elementos y se dictamine la misma; una vez que se tenga ese dictamen de parte de la Comisión Jurisdiccional, este se someterá de nueva cuenta al pleno para que sean los 40 legisladores y legisladoras los que se pronuncien al respecto.
