Por Hugo Gama Coria
En el contexto nacional, los Tribunales de Justicia Administrativa (TJA) nacen constitucional y legalmente con el objetivo de ser garantes de la legalidad administrativa respecto de las actuaciones de los gobiernos estatales y municipales.
Con la génesis y el desarrollo de estos órganos constitucionales autónomos, la población tiene la oportunidad, quizá como nunca antes en nuestra historia, de acudir ante una instancia pública para defender sus derechos, en condiciones de igualdad jurídica, cuando presuma que una autoridad estatal o municipal ha emitido un acto administrativo fuera de la ley, arbitrario o violatorio de derechos.
Como órganos jurisdiccionales, los TJA tienen la obligación de respetar, hacer respetar y defender el orden constitucional y legal; lo cual resulta ser un medio de control para que las autoridades administrativas actúen atendiendo a la Carta Magna y las disposiciones normativas en la materia; es decir: la ciudadanía puede tener la certeza de que existen tribunales que pueden conocer y resolver sobre los actos administrativos de las autoridades y actuar cuando éstos son contrarios a la norma.
En otro aspecto, actualmente estos tribunales representan el último eslabón de la lucha anticorrupción en el país. Un TJA conoce y resuelve sobre probables conductas corruptas de servidores públicos y particulares, las cuales son investigadas y presentadas ante él por las contralorías municipales y estatales; esto permite sancionar a quienes cometen conductas indebidas en perjuicio de la administración pública y, por ende, de la sociedad. Con tal acción se restablece el orden legal.
No obstante que las resoluciones de estos tribunales puedan no ser del agrado de alguna autoridad, persisten en su objetivo principal, que es -como ya se ha señalado- garantizar que los actos administrativos se apeguen a la ley, y que las conductas de los servidores públicos se ajusten a derecho, y que estos no comentan excesos, arbitrariedades o actos de corrupción.
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