Por Rosmi Bonilla
(…)”Los hombres -dijo el Principito-se meten en los rápidos Pero no saben dónde van ni lo que quieren… Entonces se agitan y dan vueltas…” Antoine de Saint-Exupéry
En el diseño de las políticas públicas, los programas de implementación son la parte culminante. Mientras que el diagnóstico y la problematización nos ayudan a definir hacia donde vamos con tal o cual política pública, el programa de implementación define los pasos a seguir.
Concretamente, hablando de la Política Estatal Anticorrupción (PEA) y su recién aprobado Programa de Implementación, haga de cuenta que con la PEA usted y su familia definen que irán de vacaciones a la montaña porque a la mayoría de los integrantes de la familia les gusta ese destino, porque en la playa es temporada alta, porque los niños en la escuela están conociendo el ecosistema del bosque, etc. Las razones ya fueron definidas a la hora de decidir el destino. A eso, en el diseño de las políticas públicas se le conoce como diagnóstico y problematización.
Ahora toca definir en qué coche nos vamos, de quién es el coche, cuánta gasolina necesitamos, qué ruta o camino elegiremos, cuántas paradas vamos a hacer, quién va a manejar en cada tramo de la ruta, qué vamos a comer en el trayecto y hasta qué música escucharemos.
También debemos planear, en función al destino, lo que necesitamos adquirir para los días que estaremos ahí. Todo lo anterior, es el Programa de Implementación.
En el caso de la Política Estatal Anticorrupción, el Programa de Implementación define cuáles acciones son de corto, mediano y largo plazo, qué institución del Comité Coordinador encabeza cada una y cuáles otras participan; cómo ayudan a llegar al objetivo principal y cuánto cuestan (recurso financiero, humano y técnico).
Este último aspecto es esencial pues acción de gobierno sin recursos, es discurso. Y con la aprobación del Programa de Implementación el pasado 6 de julio, las nueve instituciones que integran el Comité Coordinador tienen tiempo suficiente para proyectar los gastos e integrar en su presupuesto para el 2024 las acciones de dicho programa.
Amén de conocer el Programa en su integridad, su aprobación es un paso más para la prevención, control y combate a la corrupción en el estado y para la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción que no es de exclusiva responsabilidad del Comité Ciudadano.
Finalmente, solo para recordarle que el Sistema Estatal Anticorrupción está integrado por el Poder Judicial, la Secretaría de la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior de Michoacán, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tres Contralorías Municipales y, como coordinador, el Comité de Participación Ciudadana (CPC); y que, entre todas estas instituciones (salvo el CPC que no maneja presupuesto), suman cerca de dos mil millones de pesos en presupuestos.
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