Por Catalina Rosas
Al inicio de la historia de la humanidad, la especie humana estaba en equilibrio con su ambiente, hace poco más de 100 años la revolución científica e industrial produjo la mayor explosión demográfica de la historia, la tecnificación de la agricultura favoreció la agricultura intensiva y con ella también impactos al ambiente igual de intensos. Pero, aunque se producen alimentos suficientes para alimentar a toda la población humana, estos están desigualmente repartidos, en el hemisferio norte se encuentran la mayoría de los países desarrollados, zonas con menor densidad de población donde va a parar la mayor cantidad de alimentos; mientras que en el sur, muchos de los países tienen a su población con déficit nutricionales por falta de alimento.
El sistema económico basado en la máxima producción, el consumo, la explotación ilimitada de recursos y el beneficio como único criterio de la buena marcha económica es
insostenible. Un planeta limitado no puede suministrar indefinidamente los recursos que esta explotación exigiría. Por ello hay que ir a un desarrollo real, que permita la mejora de las condiciones de vida, pero compatible con una explotación racional del planeta que cuide el ambiente.
De manera que cualquier balance serio de la política ambiental de este gobierno tendría que partir de esa ‘línea base’, y entender en qué medida se han frenado (o acelerado) los procesos de degradación ecológica y de abuso a las comunidades que habitan (y defienden) los territorios. La tarea es evaluar en qué medida nos estamos alejando de la visión mercantilista y la naturaleza expoliadora del neoliberalismo.
es aquí donde podemos realizarlo, más allá de consignas y narrativas simplistas, apreciar el conjunto de las realidades que conforman ‘la realidad’.
No es una tarea fácil y requiere de un trabajo amplio y profundo que involucre a diversas disciplinas y saberes y que recoja el testimonio de las personas y comunidades que más claramente pueden valorar si existe un cambio en la forma de abordar la problemática del modelo de desarrollo dominante. Recordar que la emergencia planetaria no solo tiene que ver con la crisis climática y la extinción masiva de especies. Sino con la mayor desigualdad social de la historia de la humanidad. Donde un 15% de los seres humanos detentan el 85% de la riqueza mientras que entre 60 y 80% de la población mundial tiene apenas el 2% (datos del Dr.Toledo). En este sentido, dentro de los dos proyectos políticos en disputa solo el Obradorismo busca atender la pobreza y construir una sociedad menos desigual
Algunos avances en el área como la defensa de los maíces nativos (manteniendo fuera del territorio el maíz genéticamente modificado), el impulso a la agroecología y a la milpa, buscar erradicar el uso de glifosato, el no otorgamiento de concesiones para minería a cielo abierto, el mantener a raya el fracking , la expansión del territorio en conservación mediante nuevas y ampliadas áreas naturales protegidas, entre otros.
Una de las áreas donde hay pendientes tiene que ver con el desarrollo rural ya que, por un lado se impulsa un modelo de desarrollo de tipo agroecológico con miras a la autosuficiencia y el consumo interno, mientras que simultáneamente se fortalece el modelo agroindustrial dependiente de combustibles fósiles y altamente contaminante – primordialmente dirigido a la exportación.
En lo energético ocurre algo parecido. La soberanía energética está al centro de las visiones más progresistas que reconocen que solo el estado puede realizar una transición energética justa – no así el mercado y las corporaciones guiadas por la búsqueda de utilidades y del mejor retorno a sus inversiones. Y, sin embargo, en el afán de corregir los abusos de actores privados y recuperar el papel del Estado, formas comunitarias de soberanía energética quedaron perdidas en la noción de ‘lo público’ y marginadas en el marco regulatorio de la llamada reforma eléctrica.
En el tema del agua tenemos también algunos pendientes. Por un lado, ha habido acciones de remediación y justicia hacia pueblos indígenas en torno al agua y la 4T no ha sido un gobierno que promueva la privatización de los servicios de agua y saneamiento. Pero al mismo tiempo se mantiene el sistema de concesiones y por tanto el acaparamiento del agua, la corrupción aún permea en la CNA y aún nos deben la Ley General de Aguas que reemplace la Ley de Aguas Nacionales salinista.