Por: Jaime Márquez
La reforma legal del delito contra la extorsión aprobada por el Congreso del Estado, que entró en vigor el pasado 02 de marzo, ha venido arrojando resultados poco a poco partiendo del hecho que es el delito con más cifra negra, es decir que no se denunciaba.
Con esa medida legislativa, impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se dotó de “dientes” a la Fiscalía Estatal y al Poder Judicial. Con lo anterior, los números han cambiado, por lo que ha crecido la denuncia por parte de los afectados en 222 por ciento, al pasar de 32 carpetas de investigación del periodo enero-junio de 2022 a 103 en el mismo periodo de 2023.
De marzo a junio de este año, al entrar en vigor las nuevas disposiciones, crecieron las denuncias al subsanarse lagunas legales que permitían que los extorsionadores no fueran castigados. Se incrementaron las penas, se equiparó al secuestro, se permite la denuncia anónima, se ordena la actuación de oficio y se tipifica de mejor manera ese delito.
No obstante que crecieron las denuncias, el proceso será gradual en la medida en que la ciudadanía va tomando confianza a las autoridades de la Fiscalía Estatal, porque no debe perderse de vista que la extorsión tenía un nivel de impunidad de casi 100 por ciento. Se calcula que por cada mil casos, sólo uno se denunciaba.
Hay casos alarmantes en Uruapan, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Zamora, Ario de Rosales e Hidalgo, donde la extorsión colectiva afecta las cadenas productivas y de consumo. Extorsión, amenaza y pago de piso para tortilleros, carniceros, polleros, limoneros, aguacateros, el ramo de la construcción y locatarios, minan las economías regionales y afectan la seguridad de las personas.
Muchas son las causas por las que no se presentan, pero el temor es una de ellas, la incomodidad de carearse con los delincuentes en un juicio oral que por lo menos dura seis meses y la percepción de que no se resuelve nada.
A pesar que este delito creció a la sombra por fata de denuncia, poco se avanza en el combate a la impunidad.
