Por Elizabeth Juárez Cordero
Durante muchos años, se ha sostenido que la violencia en el país ha sido el desencadenante de un Estado capturado por el crimen organizado, cuya penetración en los distintos niveles en las estructuras de la administración pública, municipal, estatal y federal han puesto sobre la mesa los ingredientes que propician su reproducción. En este sentido, la impunidad juega un papel determinante, al convertirse en uno de los mecanismos que perpetúa la trasgresión de la ley y la conducta delictiva, tanto en delitos que atentan contra la seguridad de las personas como en aquellos relacionados con el abuso del poder público, y en el que la falta de castigos y responsabilidades, generalmente producto de la corrupción que no necesariamente de la eficacia institucional, atraviesa también de manera horizontal al resto de los poderes e instituciones autónomas incluidas las encardados de procurar e impartir justicia.
La corrupción como la inseguridad, han mermado por mucho en la confianza de la ciudadanía, en las instituciones como en la desvaloración de los regímenes democráticos (Latinobarometro 2023); la incapacidad de los gobiernos para hacer frente a estas problemáticas, por un lado desacredita su función, pero por otro normaliza o hace tirar la toalla ante dichas problemáticas, a veces tan arraigadas en el imaginario colectivo, que dificultan ya no digamos construir otras posibilidades sino tan solo imaginarlas. Pues del mismo modo que la delincuencia y la violencia se vuelven modos de vida para los habitantes de comunidades enteras en nuestro país, la corrupción es para no pocos, pase de permanencia que garantiza la posición o el ascenso en la política como en el servicio público.
Resulta casi imposible atender uno sin el otro, uno es indicativo y el otro incentivo, se complementan, hacen de su subsistencia camaradería compinche, por lo que avanzar en el combate a la corrupción no puede estar disociado de lo que ocurre en materia de seguridad, porque la primera es tan corrosiva que lo carcome todo, las instituciones, las leyes, la democracia, el tejido social, la confianza, los derechos, lo mismo la paz y la seguridad de los ciudadanos, que el acceso a la salud, la educación, la vida de las personas o el crecimiento económico de un país.
Tomarse con seriedad la corrupción, está más allá de un discurso o de acciones de control y ejercicio de los recursos, la corrupción es por sobre todo una concepción sobre el poder público, de la forma en que entendemos y nos situamos frente al poder, servidores públicos y ciudadanía, en la que nuestras acciones u omisiones serán la diferencia entre su paulatina erradicación o su redituable perpetuación, aunque ello signifique seguir poniendo juego la vida y la tranquilidad de las personas.
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