Por: Jaime Márquez
Por muchos años las administraciones estatales dejaron de construir obra pública, orilladas por la falta de recursos y la contratación de deuda para pagar nómina; y, específicamente, las obras que llevó a cabo la anterior tienen graves señalamientos de sobrecostos e irregularidades, como es el caso de los cuarteles para la policía.
La gravedad es tal, que existen distintas denuncias ante al FGR, la FGE, la Contraloría estatal y el Tribunal de Justicia Administrativa, relacionadas con la obra pública y otras irregularidades administrativas.
Por ello, es de destacar el programa de obras de infraestructura que ha emprendido el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, ya sea mediante la gestión ante la federación, como son los hospitales, las obras de los concesionarios de las autopistas, los mecanismos de financiamiento con capital privado, empresas paraestatales y los recursos estatales propios.
En ese contexto, Ramírez Bedolla anunció que, entre 2023 y 2024, se aplicará una inversión de 55 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura regional, metropolitana y obra pública municipal.
Destacan obras como el segundo anillo periférico de Morelia, el cablebus de Uruapan y el nuevo mercado municipal de Pátzcuaro.
También resaltan 23 mil 200 millones de pesos de las concesionarias que trabajan en la ampliación a cuatro carriles, de tramos sobre Zirahuén-Cuatro Caminos, la construcción de la autopista Ecuandureo-La Piedad, próxima a concluirse, y la proyectada para Zitácuaro-Maravatío.
Para obras municipales y regionales se destinarán 3 mil 040 millones de pesos entre 2023 y 2024.
El mandatario estatal ha emprendido un programa de obras para colocar a Michoacán en la ruta de la transformación y el progreso.
