Héctor Tapia / Metapolítica
El Partido Michoacán Primero acudió al Congreso del Estado para entregar la solicitud de juicio político contra los diputados y diputadas integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que tomaron “el acuerdo ilegal” de echar abajo el decreto de designación de Marco Antonio Bravo sin tomar en cuenta al Pleno del legislativo.
De acuerdo a Antonio Plaza Urbina, dirigente estatal de este partido político local, hay cuando menos dos violaciones graves a la Constitución, y que son meritorias del juicio político, que implicarían no sólo la destitución sino también la inhabilitación de dichos legisladores y legisladoras.
Luego de haber entregado el documento ante la Mesa Directiva, para darle el curso legal a dicha solicitud, Plaza Urbina refirió que esta solicitud es contra aquellos diputados y diputadas que votaron a favor de dicho acuerdo ilegal, que la misma juez de distrito que atiene el tema refirió que no cumple con lo ordenado por la misma autoridad judicial, y que era que se derogara el referido decreto, pero a través del pleno, que es lo que marca el procedimiento.
Explicó que con esta solicitud se busca activar “los mecanismos institucionales” para dejar asentada la misma, aunque, dijo, “ya sabemos, y no nos hacemos ilusiones de que esto vaya a trascender mucho más allá; sabemos que estamos presentando la denuncia ante los propios denunciados”.
Así mismo refirió que no es que desconozcan o que sean ilusos, pero, refirió, “debe quedar constancia de que los integrantes de la Jucopo cometieron por lo menos dos violaciones graves a la ley y a la Constitución”.
La primera violación, dijo, es que la Jucopo “crea que puede dejar sin efecto un decreto aprobado por el pleno, eso es equivalente a que en la Jucopo piensan que pueden derogar una ley o modificar un nombramiento, o pueden hacer cosas que están reservadas a los diputados” en pleno.
La segunda violación, dijo, es que “están designando a un auditor interino”, posición que no esta prevista en la ley.
“Hay una prelación de quién debe ocupar el cargo de acuerdo a la ley de fiscalización; ahora tocaría a la auditora especial de auditoría estatal ocupar el despacho como encargada en tanto se resuelve el amparo”, explicó Antonio Plaza, quien añadió que esto, de acuerdo a la constitución “es materia para un juicio político, para que lo conozca el pleno, y para que no quede impune”.
Dijo que esto refleja “desconocimiento de la ley, una forma tramposa y chapucera, es una violación grave”, insistió.
Destacó que todos los acuerdos o medidas que tome Marco Antonio Bravo en esta fase de auditor interino tendrán o carecerán de legalidad, por lo que advirtió que muchos casos y medidas que tome se echarán abajo, con las consecuencias institucionales correspondientes.
“Hay instituciones que están dejando de funcionar en Michoacán por la irresponsabilidad de los diputados integrantes de la Jucopo”, añadió, y aseveró que “con esa actitud irracional han metido al estado en una crisis constitucional; a la ASM la tienen trabada y al Congreso ya lo metieron en un problema”, abundó el dirigente partidista.
