Héctor Tapia / Metapolítica
El 51% de las personas que están en los penales michoacanos, que son los que están a la espera de una sentencia, quedarían en libertad si en los primeros días de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) termina por conceder la inconstitucionalidad de la prisión preventiva, como lo plantea o solicita la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, aseveró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Esta población de los penales representa un universo de 3 mil 354 personas que, aunque están en calidad de presuntos criminales, están ligados gran parte a la comisión de delitos graves, pero que no han recibido sentencia, lo que significaría un retroceso para la impunidad, poniendo en riesgo todo el sistema de justicia no sólo en el país, sino también en Michoacán, así como para las víctimas de éstos presuntos delincuentes.
En este sentido César Augusto Ocegueda Robledo, quien es el titular de la Consejería Jurídica del gobierno de Michoacán, informó que la figura de la prisión preventiva es una figura jurídica que se encuentra vigente en la Constitución, y que es importante porque resuelve problemas que tienen que ver con la seguridad, es una medida precautoria y consiste en privación de la libertad de personas acusadas de delitos graves y en situaciones de necesidad extrema y tiene como objeto asegurar la presencia de los acusados para que acudan ante el juez.
Es decir con ésta medida se busca evitar que se fuguen o dañen a sus víctimas o afecten los mismos procesos penales que enfrentan, además de desarrollar adecuadamente las investigaciones, proteger testigos, y proteger a la comunidad, explicó.
Consideró que la prisión preventiva es justificada ante la presencia de riesgos a las víctimas o a que los señalados se sustraigan a la acción de la justicia.
El Consejero Jurídico explicó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha solicitado que en las normas jurídicas mexicanas se elimine la prisión preventiva oficiosa; “hemos manifestado la constitucionalidad de la prisión preventiva, es legal y justificada”, abundó, y remarcó que el Estado Mexicano debe contar con las herramientas para que se castiguen estos delitos que cometieron.
“Su eliminación lleva a escenarios complicados, reforzaría la tesis de que los delincuentes no pisan las cárceles, y pone en riesgo a los esquemas de impartición de justicia, y aquellos delincuentes con alto poder económico constantemente amenazan a jueces; si se da esta eventual desaparición llevaría a poner en peligro a las víctimas, y pueden continuar siendo objetivo de estas agresiones”, remarcó.
El gobernador de Michoacán abundó, y expuso detalles de los impactos que tendría en Michoacán; en este sentido informó que en los 11 penales en Michoacán hay 6 mil 555 personas presas, de los cuales 3 mil 354 están esperando sentencia, que son el 51% de la población en prisión preventiva, y otros 3 mil 201 ya están purgando una pena.
Es decir, insistió el gobernador, el 51% de quienes están en los penales michoacanos quedarían en libertad si la SCJN determina la inconstitucionalidad solicitada por la CIDH, con lo que “el esfuerzo de 10 años se iría por la borda y la impunidad ganaría la batalla”.
“Los gobernadores y gobernadoras estamos preocupados por el tema”, refirió Ramírez Bedolla, quien consideró que “esto sería brutal en la impunidad, y pondría en riesgo a todo el sistema de procuración y administración de justicia”.
