Por Carlos F. Márquez
La crisis del agua se ha colocado como uno de los grandes temas en las campañas electorales locales. Por más que la oposición se ha esforzado en posicionar a la inseguridad como el fiel de la balanza en el proceso electoral a nivel nacional, entre el electorado se impone una preocupación más inmediata, ya que afecta de manera concreta a gran parte de la población que no tiene acceso al liquido en sus hogares, centros de trabajo o espacios de convivencia social.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) registra que 29 por ciento del territorio nacional se encuentra en condiciones de sequía extrema, mientras que 35% sufre sequía severa y moderada. Si a los factores climáticos sumamos la negligencia de los gobiernos, tenemos entonces una crisis de dimensiones mayores que representa grandes oportunidades de hacer negocios. Si no lo creen, pregunten al presidente municipal de Morelia sus razones para enfrentar el desabasto de agua con medidas paliativas, en lugar de acciones que representen soluciones a largo plazo.
El año pasado, el gobierno de Alfonso Martínez contrató a la empresa Grupo Saserro S.A de C.V el servicio de 10 pipas para llevar de 4 a 7 viajes diarios de agua a las colonias. Por este servicio, el Ayuntamiento gastó 24 millones de pesos en sólo seis meses, de febrero a agosto. No está de más decir que, fiel a su costumbre, la administración municipal adjudicó el contrato de manera directa, sin licitación en la que participaran otras empresas con sus propuestas.
El gobierno de Morelia sabe que más de la mitad de la red de distribución en el municipio es obsoleta, por lo que el principal factor del desabasto de agua potable son las fugas, en las que se pierde alrededor del 60% del liquido. ¿Y si esos 24 millones de pesos que gastaron en 6 meses los invirtieran en rehabilitar las líneas de conducción? Es más, y si en lugar de pagar 2 millones 400 mil pesos por el servicio de cada pipa, ¿las adquirieran? Lo que parece simple se vuelve complejo bajo la lógica del negocio privado con cargo al erario.
La contratación de pipas puede ser sólo la punta del iceberg de un problema que deja grandes ganancias a unos pocos, y en el que pierden muchos. Al gobierno de Alfonso Martínez le hace falta mucha transparencia en la gestión del agua, para que los ciudadanos puedan saber quienes son los dueños de las concesiones, si hay sobreexplotación del recurso, si la distribución es equitativa, si los usuarios no pagan cada vez más por tener agua potable en sus casas debido a que está en marcha una disimulada y perversa privatización del servicio.
La extracción de agua ha confrontado a las comunidades con concesionarios y piperos, como ocurre en San Miguel del Monte, cuyos habitantes dicen estar recibiendo amenazas para que “le bajen” a sus protestas y dejen de pedir que se detenga la explotación de su manantial, pues calculan que la empresa pipera Comercializadora Bicentenario sustrae hasta 40 mil litros diarios, mientras los domicilios de la tenencia sufren desabasto.
La sustracción ilegal de manantiales como La Mintzita es otra historia que, pese a ser más grave, es minimizada por el alcalde con licencia de candidato, quien ha dicho que basta con un policía para combatir el huachicol. Pipas van, pipas vienen diariamente, muchas de ellas contratadas por el Ayuntamiento de Morelia. Nadie sabe si el agua que llevan esos camiones cisterna es de procedencia legal.
¿Porqué el gobierno municipal y los usuarios tienen que gastar cada vez más por llevar el vital liquido hasta los domicilios? No es por falta de agua, porque las pipas que la llevan hasta las colonias la extraen de la misma fuente. Al parecer, el recurso natural está ahí, pero la llave se cierra para unos -los que no tienen para pagar-, y se abre para otros, generalmente para los que pagan. La ironía en esta sequía es: “morir de sed” nadando entre tiburones.
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