Héctor Tapia / Metapolítica
El ombudsperson, Marco Antonio Tinoco Álvarez, fue exhibido por el pleno de la 75 Legislatura y éste exhortó a que informe y rinda cuentas sobre la labor que realiza al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
De manera adicional, se pidió a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), que pida al organismo jurisdiccional realice un trabajo de fiscalización sobre el manejo de recursos relativo al periodo 2022-2023.
El periodo en referencia es sobre el cual hizo llegar un informe de actividades anual al Congreso del Estado al cual está obligado.
Frente a la revisión que hizo la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que preside la diputada Ivonne Pantoja Abascal, ésta dictaminó exhortarle “nuevamente” a que el ombudsperson “informe con transparencia y rinda cuentas oportunamente, porque el informe carece de método científico, ante la ausencia de elementos de carácter cuantitativo y cualitativo”.
En el dictamen de la Comisión de dictamen, se señala que no se cuenta con la información del número de quejas que ha dado trámite la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de que es inexistente la información de las investigaciones que ha iniciado de oficio a las violaciones a los derechos de las michoacanas y michoacanos, “tan solo un ejemplo por el tema del desplazamiento forzado que se vive en algunas zonas de Michoacán”, señaló durante la sesión la diputada Fanny Arreola Pichardo al dar lectura al dictamen que se sometió a votación.
“Se le exhorta para que informe de manera puntual de las recomendaciones que emitió, y cuántas fueron aceptadas y cumplidas”, remarca.
Así mismo refiere que en el informe “no se advierte que se hayan realizado investigaciones de manera oficiosa”, por lo que le exhortan también a que remita la información complementaria necesaria.
Si bien el dictamen contemplaba que se solicitaba a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) “a que se avoque a la fiscalización de los recursos públicos en el periodo que se informa”, a partir de una solicitud de la diputada Brenda Fraga se modificó ese punto del dictamen, para solicitar que sea la Comisión Inspectora de la ASM la que realizara la solicitud al organismo jurisdiccional para la realización de la fiscalización planteada.
