Héctor Tapia / Metapolítica
Actualmente hay 21 denuncias, de tipo penal, en trámite y que están ligadas a presuntos actos de corrupción, reveló Azucena Marín Correa, titular de la Secretaría de Contraloría del gobierno de Michoacán.
De éstas denuncias, todas derivadas de la administración estatal pasada que encabezó Silvano Aureoles Conejo, sólo una se ha judicializado y compete al área de educación, explicó.
En este contexto refirió que dichas denuncias están ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en tanto que esta semana se estarían derivando otras dos.
Explicó que en lo que respecta a la Secretaría de Contraloría, institución que dirige, sólo atienden faltas no graves, y las que sí lo son estas son enviadas a la fiscalía y al Tribunal de Justicia Administrativa, para que éstas hagan lo que corresponde.
Detalló que ellos como contraloría dan parte a la Fiscalía en el caso de la comisión de posibles delitos de tipo penal, “y ellos tienen que iniciar las investigaciones”.
Marín Correa dijo que se han presentado las denuncias por colusión, manejo de influencias, uso indebido de recursos públicos, incluso por pagos en sobreprecios.
En lo que respecta al área penal, detalló, son más de 9 mil millones de pesos los que están observados y en investigación por presuntas irregularidades en el manejo; mientras que, ya en conjunto con la materia administrativa, son cerca de 23 mil millones de pesos los que son investigados por el manejo que se le dio en la administración pasada.
Al ser cuestionada sobre si se requerirían reformas en lo local para afinar el combate a la corrupción en Michoacán, ante lo que refirió que sí es necesario, porque ésta lucha, dijo, “tiene que ser eficiente”, y en eso se está trabajando, aseveró.
Azucena Marín, en lo que respecta al Sistema Anticorrupción indicó que éste sí necesita “una organización urgente”, porque es necesario que “tengan las herramientas para darle la cara a la ciudadanía” con los resultados contra la corrupción que demandan.
