Héctor Tapia / Metapolítica
Hasta el momento, a casi un mes de que estalló la huelga en la planta de ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas, la empresa no ha solicitado desalojo de los sindicalizados que mantienen el movimiento huelguístico.
Esto lo refirió Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, quien remarcó que las negociaciones y el diálogo persisten entre la fracción sindical de la sección 271 y la representación de la empresa.
Dos jueces federales al respecto han declarado la ilegalidad de la huelga que persiste, sin embargo, dijo el mandatario michoacano, todavía se espera la determinación que tome un circuito colegiado federal al respecto.
Cuestionado sobre el tema en la conferencia que ofreció este lunes, Ramírez Bedolla dijo que la situación que enfrenta la empresa, la más grande de todo el estado, “es una situación que nos llama a la solución, a atenderla”.
Desde que inició la huelga se ha acudido a diversas reuniones en la Ciudad de México, donde han participado la sección 271 con la representación de la firma acerera.
El movimiento huelguístico tiene que ver con el reparto de utilidades, esto en función de las ganancias reportadas por la empresa, donde la base sindical no está de acuerdo con las cifras presentadas por la empresa; “el sindicato señala que hay más (ganancias) que las que se reportan a hacienda”. Frente a esto se ha estado negociando entre las partes pero todavía no se ha logrado llegar a un acuerdo.
“Personalmente estoy atento”, indicó el gobernador, al resaltar que ArcelorMittal es la empresa más grande de Michoacán, y que genera alrededor de 8 mil empleos, “y tiene una gran relevancia para nosotros” y para la misma industria.
“Esperemos que pronto los trabajadores y sindicato logren algún acuerdo para reactivar el alto horno”, apuntó, y señaló también que a la par de que se sostiene el diálogo, la misma empresa promueve “algunas cuestiones legales para señalar que la huelga es ilegal”.
Jueces federales ya han emitido resoluciones en este sentido, y el sindicato, también, “sigue defendiéndose, todavía falta” lo que determine el circuito colegiado sobre la legalidad del movimiento, que sería ya la última instancia.
Alfredo Ramírez indicó que el tema es complejo porque los trabajadores adicionalmente piden que los días en que han estado en huelga se les paguen también como salarios caídos; pero, dijo, en contraparte, si la planta sigue parada “se pone en riesgo las ganancias de este año” y esto impactará en las utilidades de la misma empresa.
El gobernador remarcó que la empresa no se ha negado a pagar el reparto de utilidades; sin embargo, insistió, la diferencia son los montos exigidos por el sindicato minero.
