Metapolítica
Morelia, Michoacán. – El pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional a la Guardia Nacional, así como la reforma constitucional que promueve la participación efectiva de las comunidades indígenas y afromexicanas en las decisiones que afectan sus territorios y recursos.
La reforma constitucional a la Guardia Nacional busca consolidarla como una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personas militar con formación policial, dependiente del ramo de Defensa Nacional.
Luego de nueve horas de debate, la asamblea respaldó sin cambios la minuta que envió la Cámara de Diputados, con 86 votos de Morena, PT, PVEM y uno del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN; y 42 en contra del PRI, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, por lo que alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación.
En lo particular, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano registraron reservas para modificar diversos artículos del dictamen, las cuales se integrarán al Diario de los Debates, pero no fueron aceptadas por la asamblea.
De esta forma, los artículos reservados fueron aprobados en los términos del dictamen con 86 votos a favor y 42 en contra, por lo que, en punto de las seis de la mañana con 29 minutos, la reforma constitucional fue aprobada en lo general y en lo particular y remitida a las legislaturas estatales.
Reforma en Materia Indígena
Por otra parte, el Senado también aprobó, con 128 votos a favor, la reforma constitucional que promueve la participación efectiva de las comunidades indígenas y afromexicanas en las decisiones que afectan sus territorios y recursos.
Los cambios al artículo 2 de la Constitución Política fortalecen el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios, lo que implica su capacidad de definir su propio destino, sus formas de gobierno, administración de sus territorios y recursos naturales, y la preservación de sus culturas e idiomas.
Con el dictamen, avalado por unanimidad por el pleno senatorial, este derecho no es meramente simbólico, sino un instrumento para garantizar que las comunidades indígenas y afromexicanas puedan decidir sobre los asuntos que afectan sus vidas, sin la intervención paternalista del Estado.
De esta manera, en lugar de imponer soluciones externas, el Estado se convierte en un facilitador que respeta y promueve las decisiones y estructuras internas de este sector de la población.
La reforma constitucional sienta las bases para la implementación de políticas públicas con una perspectiva intercultural y de género. Esto es fundamental para asegurar que las mujeres indígenas, quienes han sido doblemente marginadas por su género y origen étnico, también puedan ejercer plenamente sus derechos en condiciones de igualdad.
Las senadoras Claudia Edith Anaya Mota, del PRI; Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano; y el senador Miguel Márquez Márquez, del PAN, presentaron reservas sobre las consultas a los pueblos originarios, la proscripción de la distinción de los diferentes grupos étnicos y sobre la pluriculturalidad y derechos de las mujeres, mismas que no fueron aceptadas a discusión por la asamblea.
Por tal motivo, los artículos reservados fueron aprobados en los términos del dictamen, con 128 votos a favor. Una vez que el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular, fue remitido a las legislaturas de los estados para su consideración.
