Héctor Tapia / Metapolítica
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó adicional a la Reforma al Poder Judicial, una Reforma con la que se busca extinguir al Tribunal de Justicia Administrativa (TJAM) del estado para convertirla en un Tribunal Anticorrupción.
Con esto se busca que la lucha anticorrupción “funcione”, aseveró el mandatario michoacano al dar a conocer la misma, que se presentó formalmente al Congreso del Estado.
Esta reforma se da a su vez producto del diálogo con el mismo Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, la cual originalmente planteaba que el organismo autónomo administrativo pasara a la adscripción del Poder Judicial del estado, como un organismo administrativo.
Al respecto, Hugo Gama Coria, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa dijo que hace un par de semanas se planteó la posibilidad de que el TJAM desapareciera y se incluyera como una Sala administrativa dentro del Poder Judicial del Estado.
Sin embargo, dijo, luego de reuniones de trabajo con la Secretaría de Gobierno, para que fueran atendidos los comentarios “se concluyó que no era factible incluir al TJAM dentro del Poder Judicial, y consideraron que era necesario darle un giro al tribunal, fortalecer su operatividad”.
Para ello se estaría extinguiendo y se estaría creando un nuevo organismo autónomo, denominado Tribunal Anticorrupción y en Materia Administrativa, cuyas 5 salas estarían conociendo de materia administrativa y anticorrupción.
Principalmente son esos cambios, aunado que los magistrados, la nueva integración sería electa por el Congreso del Estado, por 9 años, con posibilidad de reelección; es decir elegir de los nuevos magistrados del tribunal anticorrupción, se haría como hasta ahora.
Particularmente, dijo, “nos centramos en la defensa de los derechos laborales de los compañeros y compañeras, hubo buena disposición, van incluidos en los transitorios de esta reforma, los derechos laborales se mantienen, pasan a formar parte del nuevo tribunal en caso del que el constituyente así lo determine”.
“Somos 203 personas las que laboramos ahí, ese fue uno de los motivos por lo que pedimos la defensa de los derechos laborales”, abundó.
Así mismo dijo que los casos que se llevan actualmente los atendería el nuevo tribunal, si así lo define el mismo Congreso del Estado.
Gama Coria refirió que no buscaría participar en la definición de los nuevos magistrados para el Tribunal Anticorrupción.
