Por José Irán Moreno Santos
Estamos en riesgo los ciudadanos ante las organizaciones del crimen organizado y ante las organizaciones del crimen no organizado.
Todos los días nos enteramos de diversos actos delincuenciales desde robos, asesinatos, asaltos a tiendas, transporte público y ajustes de cuentas entre miembros de las organizaciones.
También leemos qué hay cobro de piso a bares, restaurantes, tiendas de abarrotes, carnicerías, pollerías y hasta puestos de verduras y si no pagan lo exigido, existen desde amenazas a los propietarios hasta sus ejecuciones y quema de los establecimientos.
Las autoridades ante esta realidad su respuesta es solo la retórica y la estadística, pero la prevención y el combate a estas situaciones cotidianas es casi nulo y las razones son, primero que los afectados en su mayoría no denuncian, segundo si hay denuncia las fiscalías no investigan eficiente y eficazmente y tercero son las propias autoridades quienes están coludidos con las organizaciones y el ciudadano queda indefenso ante estas situaciones.
A lo anterior hay que sumarle la mala preparación y la corrupción de las policías municipales, estatales y nacionales, lo que genera que la delincuencia se imponga ante la ciudadanía y ante las autoridades de los diversos niveles de gobierno.
¿Ante esto que hacer? Las políticas pueden ser diferentes; desde el fortalecimiento de las policías municipales, estatales y nacionales, inteligencia, tecnología de última generación, participación de fuerzas armadas y mucho dinero.
Sin embargo, estas políticas no han logrado dar resultados y se debe a que no hay una política de Estado en seguridad, cada gobierno que llega trae su política que en lugar de aminorar la situación la acrecienta en detrimento de la sociedad y del propio gobierno.
Está demostrado que un gobierno por sí solo no puede hacer frente a la grave inseguridad que padecemos en nuestro país, ya han pasado 4 sexenios ósea 24 años y no hay resultados.
Se debe convocar a una cumbre política, económica y social para diseñar, planear y ejecutar una política de Estado en seguridad. Esta cumbre debe concluir con programa nacional de seguridad, aplicando estrategias diferenciadas por estados y municipios, con servicio profesional de carrera, formación superior con especialidades, verdaderos controles de confianza, coordinación internacional e incluso una política de seguridad subregional hacia Centroamérica y Caribe y desde luego con los Estados Unidos y Canadá.
Esta política de Estado debe tener recursos públicos y privados y con el mayor respaldo ciudadano para que denuncien y participen también en la integración de las fuerzas policiales, la supervisión de los recursos y la protección de los derechos humanos.
Esta política también deberá contemplar las fiscalías con un sistema de carrera judicial y mismos estándares aplicables a los de las fuerzas de seguridad.
Finalmente, está política debe tener una perspectiva a 20 años y evaluación y corrección cada dos años.
Debe ser una política de Estado donde todos los actores políticos, económicos y sociales deben participar y considerar el entorno internacional y la coordinación integral de otros estados nacionales al norte y sur de nuestro país.
La seguridad es problema de todos y todos debemos participar porque de lo contrario a todos nos puede perjudicar y el Estado mexicano perecerá.
NOTA DE PROTESTA
Respeto al voto en Venezuela
Libertad a los presos políticos en Nicaragua
Por una Nicaragua Libre
Por el fin de la masacre en Palestina y juicio a Netanyahu en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad.
Paz, justicia y no más impunidad en Sinaloa, Guerrero y CDMX
Las opiniones emitidas por los colaboradores de Metapolítica son responsabilidad de quien las escribe y no representan una posición editorial de este medio.
