Por David Alejandro Delgado Arroyo
El pasado 4 de noviembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó diversos anteproyectos de presupuesto del Instituto Nacional Electoral, para ser turnados al Ejecutivo Federal, con el propósito de que sean incluidos en el Proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación, para ser revisados y aprobados, en su caso, por la Cámara de Diputados.
Uno de esos anteproyectos se refiere al Presupuesto precautorio para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. El calificativo de precautorio, tiene que ver con que en el momento de su aprobación, aún la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se pronunciaba sobre el tema, lo cual realizó al día siguiente, 5 de noviembre. Sin embargo, aún el INE estudia el tema de las suspensiones de actos del proceso electoral judicial, ordenadas por diversos jueces.
La cantidad solicitada para este presupuesto precautorio es de 13 mil 205 millones, 143 mil 620 pesos, mismo que es superior a los 9 mil millones de pesos del presupuesto de la organización del proceso electoral federal en 2024, por lo que han surgido cuestionamientos al respecto.
Me permito aportar algunos elementos de información que nos permitan entender esta circunstancia.
En primer lugar, la elección es mucho más compleja que una elección federal de cargos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo Federal, aún con la complejidad de las coaliciones que más que para la ciudadanía votante, es una complejidad para quienes cuentan los votos. Es muy probable que las boletas tengan que ser de dimensiones mayores a las de una elección a la que estamos acostumbrados.
En segundo lugar, el número de elecciones es mucho mayor a la de una elección federal normal, ya que se trata de seis elecciones. El INE tiene todo estructurado, desde bodegas, hasta urnas y mamparas de votación, considerando hasta 3 elecciones (no se cuentan las elecciones locales, porque para eso están los OPLES como el IEM en Michoacán, que por cierto también tendrá elecciones judiciales locales).
En tercer lugar, la contratación de capacitadores-asistentes electorales y supervisores, tiene un impacto muy importante sobre la solicitud presupuestal; ya que se ha diagnosticado que la multiplicación de Convocatorias para la contratación de estas figuras tiene que ver con remuneraciones poco atractivas que se encuentran en torno al salario mínimo, para un intenso trabajo de campo que demanda esfuerzos que se realizan en horarios poco comunes o inclusive con horarios en fines de semana y con acumulación de horas extraordinarias. Por ello, en el presupuesto solicitado se mejoran las remuneraciones de estas figuras.
Hasta aquí algunas consideraciones de las más relevantes, que impactan en la mayor parte del presupuesto solicitado; no se olvide que estamos frente a una obligación constitucional que requiere garantizar el acceso fácil, libre, secreto e informado a cada persona electora, en cada punto del territorio nacional, para una población electoral de cerca de 100 millones de electores.
Además, se trata de integrar a uno de los tres poderes del Estado, cuyo número de cargos rebasa con mucho los que se integran en el Poder Ejecutivo (1) o en el Poder Legislativo (628)
El sólo hecho de que sean 6 boletas diferentes, puede implicar la impresión del doble de boletas en una elección Presidencial, con un número superior a los 600 millones de boletas. Sumadas a las locales, si todas las entidades tuvieran elección judicial en 2025, llegaría a cerca de mil millones de boletas.
Esperemos que la Cámara de Diputados se haga responsable de la consecuencia presupuestal de la reforma constitucional en la que participó, porque de lo contrario, implicaría generar condiciones que limitarían lo que requiere la votación, en los términos que se aprobaron.
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