Por David Alejandro Delgado Arroyo
El pasado 15 de noviembre conocimos, mediante la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2025, mismo que contempla un Gasto Neto Total de 9 billones, 302 mil 015 millones, 800 mil pesos.
De esa cantidad, está contemplado en el proyecto en el Ramo 22 que corresponde al Instituto Nacional Electoral, la cantidad de 40 mil 476 millones 56 mil 755 pesos, lo que significa un 0.44% como proporción del Gasto Neto Total.
En otras palabras, 44 centavos de cada 100 pesos de todo el presupuesto, es lo que solicita a la Cámara de Diputados le apruebe al INE. Dicha proporción si es superior a los 0.36% de lo aprobado para el INE en el ejercicio fiscal 2024, pero inferior al 0.46% que se aprobó para el ejercicio fiscal 2018.
La diferencia específica es que hay un presupuesto precautorio previsto para una eventual Consulta Popular, que si el próximo 30 de noviembre no hay ni una solicitud, podría prescindirse automáticamente de 4 mil, 620 millones, 764 mil 137 pesos.
También hay un presupuesto precautorio para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, para el ejercicio fiscal 2025, por un monto total de 13 mil, 205 millones, 143 mil 630 pesos.
El costo solicitado deriva de estudios rigurosos que responden a una elección federal que de entrada es del doble de urnas que, en una elección presidencial, lo que tiene efectos automáticos sobre material y documentación electoral, e inclusive sobre capacidades de almacenamiento y distribución.
Se ha criticado inclusive la presupuestación del llamado bono electoral, para personal administrativo y miembros del servicio profesional electoral, cuando es evidente que en un proceso electoral se tienen que trabajar horas extras, inclusive en jornadas que podrían constituir modelos de hostigamiento laboral; es lo menos que el Estado Mexicano podría otorgar, porque de contabilizarse las horas extras, sería un costo mucho mayor.
Se ha comentado que como no hay partidos, no es razonable lo presupuestado, sin embargo, en una elección federal, lo de los partidos es un presupuesto aparte, así que no es válido el argumento. De hecho, en este ejercicio presupuestal que se planea, por disposición constitucional los partidos políticos tienen un financiamiento de 7 mil 354 millones, 266 mil 504 pesos, y que es parte del Ramo 33 que aparece en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que aquí he desglosado.
Todo lo que se disminuya desde la Cámara de Diputados será en detrimento del proceso electoral judicial, generando inclusive la posibilidad de condiciones diferentes a las que se tendrán en el 2027, con la concurrencia electoral, que optimiza costos.
Además, en el caso de Michoacán y otras entidades federativas, ya se está sumando el proceso electoral judicial local, que agregará más urnas a las ya de por sí 6 federales, pudiendo rebasar la decena de urnas, boletas y de más documentación y material electoral. Lo que tendrá que solventar el Congreso del Estado con presupuesto local.
Finalmente, ya descontados los presupuestos precautorios y el financiamiento a los partidos políticos, quedan 15 mil 295 millones, 882 mil 494 pesos, que es el gasto operativo de funcionamiento ordinario del instituto Nacional Electoral, para realizar todo lo demás: actualización de la credencial para votar, actualización permanente de la geografía electoral, administración de los tiempos del Estado en radio y televisión para fines electorales, fiscalización a los partidos políticos permanente, educación cívica, profesionalización de la función electoral, entre otros.
En suma, si se decidió elección de jueces y magistrados por voto popular, el proceso electoral tiene que hacerse bien, porque de lo contrario, podría convertirse en un pasivo del procedimiento, con independencia de la expectativa de participación.
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