Por Araceli Gutiérrez Cortés
En días pasados fuimos testigos de un debate nacional, que surgió derivado de dos suspensiones de amparo que ordenaron a los entonces integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal, detener cualquier acto de ejecución en relación con las elecciones del Poder Judicial. Esas suspensiones de amparo fueron emitidas por Jueces de Distrito, donde además se apercibía a los integrantes de dicho Comité, que, de no cumplir, se daría vista al Ministerio Público para iniciar investigaciones y que se impondrían multas que podían superar los cien mil pesos.
Frente a dichas determinaciones, los integrantes del Comité de Evaluación suspendieron sus actividades. Como consecuencia, el Senado de la Republica en cuanto autoridad con facultades para participar en el proceso de selección de jueces y magistrados, solicitó la intervención del Tribunal Electoral para que se pronunciara al respecto.
Y aquí surge un debate muy interesante, porque, por un lado: de acuerdo con nuestra Constitución Federal y con la Ley de Amparo, la presentación del juicio de amparo no procede en materia electoral.
El amparo es un recurso que protege los derechos humanos de las personas frente a actos de autoridad y desde finales del siglo XIX, Ignacio Vallarta quien fue Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defendía una tesis que después de convertiría en ley. Él decía que la intervención del Poder Judicial en las cuestiones políticas-electorales terminarían convirtiéndolo en un arbitro de la vida política nacional, que se terminaría judicializando la política y que, con un solo juicio de amparo, la existencia de un poder estaría en manos del Poder Judicial Federal. No se podía permitir que la Suprema Corte se inmiscuyera en asuntos políticos, pues esto desnaturalizaría al Poder Judicial.
Curiosamente, el argumento de la no procedencia del amparo en materia electoral tiene como trasfondo la autonomía de los poderes, por eso, por muchos años -antes de que existieran los órganos electorales autónomos- era el Poder Legislativo el que calificaba sus propias elecciones -era juez y parte-. Fue hasta la reforma de 1993 cuando se puso fin a la auto calificación de las elecciones, pues por primera vez se daba esta facultad al Tribunal Electoral.
Por ello, el Tribunal Electoral no forma parte del Poder Judicial, es la máxima autoridad nacional en materia electoral y las autoridades judiciales no tienen competencia en el ámbito electoral.
Esto lo saben muy bien los Jueces de Distrito que emitieron las suspensiones de amparo, el asunto es que, como parte del proceso electoral de las elecciones del Poder Judicial, también se argumentan violaciones de derechos humanos que no son derechos políticos y que sí son competencia para un juicio de amparo, como la remoción injustificada de los cargos o las afectaciones salariales. Estos son argumentos torales de quienes han presentado las demandas de amparo.
Cuando el Tribunal Electoral se pronunció sobre las suspensiones de amparo, ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial continuar, por lo que dicho Comité por un lado tenía una orden para detener los trabajos con apercibimiento de multa y por otro lado la indicación de que debía continuar. Frente a este dilema, le consultó a la Suprema Corte a que autoridad debía atender.
La Suprema Corte por un lado le dijo al Tribunal Electoral, que si bien, es la máxima autoridad en la materia, no estaba facultado para cancelar la suspensión de una autoridad judicial, porque no era su competencia dejar sin efectos una suspensión de amparo, y que su determinación había sido excesiva. Por su parte, a los Jueces de Distrito, les indicó, que, atendiendo a la no procedencia del amparo en materia electoral, pero frente a la presunta existencia de violaciones de derechos humanos, debía replantear la determinación a tomar frente a la demanda de las personas que promovieron los amparos.
Tanto el Tribunal Electoral como los Jueces de Distrito tenían razón, no es que uno u otro desconociera sus competencias, el tema es que nunca se habían visto complejidades tan estrechas entre los derechos políticos-electorales que protege el Tribunal Electoral y los derechos humanos que protege el Poder Judicial. No es un asunto ideológico, es una nueva realidad jurídica que forma parte de los grandes retos en la implementación de la reforma del Poder Judicial.
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