Por Daniel Aguilar
No hay mejor indicador de la realidad económica de un estado que las cifras que se mueven fuera del discurso oficial. En 2024, Michoacán volvió a liderar la captación de remesas en México con 115,700 millones de pesos enviados por los migrantes que, aunque lejos, siguen sosteniendo a sus familias y comunidades. Este flujo de recursos supera lo recibido por estados como Jalisco, Guanajuato y Zacatecas, consolidando a Michoacán como la entidad con mayor dependencia de los ingresos migrantes. El dato no es menor: esta cifra rebasa el Presupuesto de Egresos del Estado para 2025, que asciende a 98,935 millones de pesos.
Las remesas no son un fenómeno nuevo, pero su impacto sigue siendo determinante. Más del 96% de estos recursos provienen de Estados Unidos, donde los michoacanos han formado comunidades sólidas en estados como California, Illinois, Texas y Georgia, construyendo con su trabajo una economía binacional que, en términos prácticos, aporta más al estado que cualquier política pública de desarrollo. Uno de cada cinco dólares que llegan a México en remesas termina en Michoacán, lo que lo convierte en un caso de estudio sobre la dependencia de estos ingresos y la falta de estructuras locales que puedan ofrecer oportunidades reales para que la población no tenga que migrar.
MIGRANTES EN LA MIRA: DEPORTACIONES Y NUEVAS AMENAZAS ECONÓMICAS
El escenario internacional ha cambiado y no a favor de los migrantes. Donald Trump ha prometido la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, lo que podría afectar directamente a cientos de miles de michoacanos indocumentados. Más allá del discurso, su administración anterior dejó claro que estas amenazas pueden convertirse en políticas reales: en 2019, las deportaciones de mexicanos aumentaron un 30%, impactando directamente en los estados con mayor flujo migrante como Michoacán, Jalisco y Guanajuato.
A esto se suman las presiones económicas. Estados Unidos, con su política de nearshoring, busca fortalecer sus propias cadenas de producción en México, pero sin comprometerse con las condiciones laborales de los trabajadores migrantes. Además, el martes 4 de marzo entraron en vigor los aranceles del 25% a las importaciones provenientes de Canadá y México, lo que afectará indirectamente a los migrantes, ya que la economía mexicana podría enfrentar una nueva crisis y con ella una mayor presión sobre las familias receptoras de remesas.
El Banco de México ha alertado sobre la vulnerabilidad de estos ingresos en caso de que se endurezcan las políticas antimigrantes. En 2023, las remesas representaron el 4% del PIB nacional y para Michoacán esta cifra es aún más impactante: las remesas equivalen a más del 15% del PIB estatal (dato de 2020), superando sectores tradicionales como el agrícola o el industrial. La pregunta no es si esto es sostenible, sino qué haría el estado sin estos ingresos.
EL DILEMA: ¿QUÉ HACER CON LA ECONOMÍA MIGRANTE?
El debate sobre las remesas siempre ha estado rodeado de cifras y análisis macroeconómicos, pero pocas veces se plantea una discusión seria sobre su uso. La mayoría de estos recursos se destinan al consumo inmediato: salud, vivienda, alimentos y educación. Si bien esto contribuye al bienestar de miles de familias, no genera un desarrollo estructural. Los gobiernos han fallado en generar mecanismos que permitan que estos recursos se traduzcan en inversión productiva. La alternativa no es que el gobierno toque ese dinero —porque no le pertenece— sino que facilite herramientas para que las familias puedan hacer más con él.
No hay una política integral de acompañamiento para las personas migrantes, ni en su país de destino ni en su país de origen. Las ventanillas de atención consular son insuficientes, los trámites administrativos siguen siendo un obstáculo y la educación financiera para las familias receptoras sigue siendo prácticamente inexistente. La migración es vista como un fenómeno natural cuando, en realidad, es una consecuencia de la falta de oportunidades. Mientras las y los ciudadanos en los municipios sigan dependiendo de las remesas como una fuente de ingresos, la fuga de talento y capital humano continuará.
EL FUTURO: ENTRE LA INCERTIDUMBRE Y LA RESISTENCIA
Michoacán no puede seguir viendo a su comunidad migrante solo como una fuente de ingresos. El próximo año será crucial: si las políticas migratorias en Estados Unidos se endurecen, el estado enfrentará un panorama en el que miles de michoacanos podrían verse forzados a regresar sin una red de apoyo estructurada. La inversión de remesas en bienes raíces ya es una tendencia consolidada en el Bajío, pero el estado sigue sin ofrecer incentivos claros para que estos ingresos se traduzcan en negocios, empleo y crecimiento local.
El economista Alejandro Portes, una de las voces más influyentes en el estudio de la migración, ha señalado que los migrantes no solo envían dinero, sino que generan redes económicas que podrían transformar las regiones de origen si existiera una estrategia de integración efectiva. Hasta ahora, eso no ha sucedido.
Lo cierto es que Michoacán tiene dos opciones: seguir dependiendo del dinero que envían los suyos desde el extranjero o empezar a construir un modelo donde la migración no sea la única alternativa de supervivencia. Los migrantes han cumplido con su parte; el estado tiene el gran reto de estar a la altura de su esfuerzo.
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