Por Araceli Gutiérrez Cortés
Resulta por demás interesante la propuesta que recientemente hizo la presidenta de la República al Congreso de la Unión para terminar con lo que se ha denominado públicamente “nepotismo electoral”. El nepotismo es una forma de corrupción que consiste en asignar empleos o puestos gubernamentales a familiares. De tal manera, que no se toma en cuenta la idoneidad para el desempeño o preparación para un cargo, sino la cercanía emocional y los intereses personales.
En México por muchos años hemos visto familias dinastía en gubernaturas, diputaciones o presidencias municipales, solo por hacer referencia a cargos de elección popular, porque sin duda, todos los cargos del servicio público, sin importar el monto del contrato o su modalidad, cualquier cargo que se pague con recurso público, puede ser objeto de nepotismo.
Y es que la reforma solo prohíbe expresamente el nepotismo en los cargos de elección popular, desde Presidencia de la República, senadurías, diputaciones locales y federales, gubernaturas, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, por eso le llaman nepotismo electoral.
La reforma a grandes rasgos precisa que no podrá participar en la elección de estos cargos la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad del cargo para el que se postula.
Esta restricción comenzará a aplicarse hasta las elecciones del año 2030, no obstante que la propuesta original planteada por la Presidenta era para el 2027.
El mismo texto de la reforma, prohíbe la elección consecutiva o reelección en todos los cargos en los que estaba permitida: senadurías, diputaciones federales y locales, e integrantes de los ayuntamientos. Dicha figura se aprobó en el año 2014 y tenía como finalidad hacer más funcional el régimen político, se buscaba mejorar la gobernabilidad del país ampliando la posibilidad de mantenerse en los cargos y con ello dar continuidad efectiva a los proyectos.
Desafortunadamente, no podemos saber si esto tuvo un efecto positivo o no, porque no hubo una evaluación para conocer su efectividad, la reforma simplemente busca recuperar las bases de aquella consigna de la Revolución Mexicana expresada por Madero en 1910, “Sufragio efectivo, no reelección”, pues se veía el continuismo o la perpetuación en el poder como una amenaza para el estado de derecho y la democracia, después de la experiencia de Porfirio Diaz quien había estado en la silla presidencial por más de 30 años.
Aunque hay que decir que la regulación actual de la elección consecutiva (que todavía estará vigente en el 2027) no permite reelegir por más de un periodo adicional a las y los senadores, así como los integrantes de los ayuntamientos; y máximo tres periodos adicionales a las diputaciones federales y locales. Con la reforma, las personas que para 2030 se encuentren ejerciendo los cargos públicos, ya no podrán ser reelectas.
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