Por Oscar Carbajal
Apenas hace un día, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decidió modificar el acuerdo del INE por el que había prohibido que no se podía realizar actividad para la difusión de la Elección del Poder Judicial, el cual había sido emitido de esa manera para que de acuerdo a las palabras de la autoridad electoral, existiera equidad en las campañas y que, ningún factor externo a las candidaturas registradas y a los órganos electorales, invitaran a la participación de la ciudadanía el próximo 1 de junio de 2025.
Sin embargo, el acuerdo fue tan cuestionado debido a que, bajo las reglas que sostenían al mismo, nadie podía llamar a votar, y no solamente a votar a favor de alguna candidatura, sino a decir “acudan a su casilla el próximo día 1 de junio de 2025”. Llamamiento que se hacía desde Palacio Nacional, así como desde los Congresos de la Unión, Locales y Entes Gubernamentales, tal vez sin mencionar de manera especifica un nombre pero sí señalando que se debía votar para darle un nuevo cambio al Poder Judicial.
La “elección silenciosa” como lo determinó la Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, de alguna manera no ha logrado conmover a la ciudadanía, puesto que los elementos que la componen no son igual que la constitucional y seguimos con la misma interrogante desde que se promulgo el decreto ¿Es bien sabido y de interés público lo que hace una persona juzgadora? Esta interrogante es una de las situaciones que más han contraído a la elección y que esto, solo sea un aspecto que es mencionado entre pequeños grupos de ciudadanos.
La controversia de permitir si los entes de gobierno puedan difundir e invitar a votar, es un caso que debe analizarse debido a que, la equidad en la contienda y la imparcialidad debe ser una de las cuestiones que nunca deben dejarse de lado, como lo dijo la Magistrada Decana de la Sala Superior Jannine Otálora Malassis, “Hay que considerar que el artículo 134 constitucional , no solo garantiza la neutralidad en las contiendas electorales, evitando la aparición de recursos públicos en éstas, sino que también blinda la imparcialidad institucional que deben mantener las propias instituciones, esto no entraña una limitación a la libertad de expresión que podría asistir a las personas servidoras públicas ni una violación de su derecho de acceso a la información de la ciudadanía, porque se hace para evitar injerencias indebidas en este proceso, mientras el INE despliegue una campaña imparcial”
Aún y con lo que se ha dicho, desde mi personal punto de vista, si tenemos que analizar, que la elección requiere mayor difusión y que a pesar de que estamos a unos días de que las campañas locales inicien, la manera en que la ciudadanía se ha involucrado, es mínima.
Esto nos lleva a replantear y ver también, la forma en que se hacen las campañas, pues es cierto que las candidaturas a personas juzgadoras no son políticos -salvo algunas excepciones- y su vida la han dedicado a estar detrás de un escritorio estudiando, proyectando y resolviendo problemas, por ello, la comunicación que deben utilizar para con la ciudadanía y conectar, es diferente a lo que estamos acostumbrados.
La elección del poder judicial seguimos sosteniendo que es atípica, es surreal, pero a la vez, el hecho de que la ciudadanía pueda difundir de manera libre sus posturas, puede ser la solución a esto, pero aún más el hecho de que se les comente la importancia de tener a perfiles capacitados para brindarnos justicia en nuestro país, será la punta de lanza que habrá de poder cambiar la percepción de este ejercicio que, en dos años más volveremos a repetir.
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