Por Lucero Circe López Riofrio
Hace ya varias décadas, las escuelas primarias del país vendían alimentos a niñas y niños a través de las cooperativas de “padres de familia” — que en realidad eran las madres de familia —. Se ofrecían taquitos de papa, aguas frescas, tacos de canasta, tortas de jamón, frutas entre otras. ¿Costaban? Sí, pero eso se iba a las cooperativas y servía para los arreglos de los inmuebles en donde se consideraba necesario alguna remodelación, por ejemplo: en poner bebederos (tan indispensables siempre).
Aunque no siempre se rendían cuentas, ocasionalmente se hacía una asamblea para anunciar cuánto se había juntado. Desafortunadamente, no faltaba quien huía con los ahorros o desviaba recursos, en la colusión de autoridades escolares y directivos de la sociedad de padres de familia. Estas malas prácticas trastocaron la organización de las comunidades educativas.
Algunos alimentos que se vendían no siempre eran accesibles para las niñeces; algunas madres y padres de familia no podían pagar la cuota “voluntaria”, ni tampoco podían mandarle “el lonche” a sus hijos e hijas. La precariedad era evidente. Además, con la incorporación de las mujeres a la vida productiva, sus horarios hacían casi imposible preparar algún alimento y más hacerles de comer algo por las mañanas.
Después, vinieron los desayunos escolares que contenían: una barrita o palanqueta de cacahuate, una lechita pasteurizada, una galleta de trigo, un mazapán, que en casos muy excepcionales eran complementados con alguna fruta como plátano o manzana, pero que en realidad no era muy del agrado de los niños y las niñas.
El exceso de azúcares ya era un reclamo hacia las autoridades del DIF Nacional, mismas que no eran escuchadas ni atendidas porque eso implicaba hacer un reclamo a la “buena voluntad” de la esposa del presidente o del gobernador en turno. Era una política basada en la dadiva y el asistencialismo, más no en el derecho de la niñez a la salud y la alimentación.
El neoliberalismo en las escuelas hizo que los consorcios de alimentos chatarra provocaran disputas perversas y desleales que desmantelaron la organización de las cooperativas escolares para sustituirlas por tienditas que vendían pastillos, panes, refrescos, dulces, etc. todos con una gran cantidad de azucares y de más alto costo. Las empresas “comprometidas” hacían arreglos en las escuelas, pero que condicionaban su establecimiento conforme a sus intereses económicos.
Lo anterior, también provocó que quienes vendían afuera de las escuelas fueran tratados como causantes de enfermedades e insanidad. Estos comerciantes eran vistos con desprecio y discriminación, por lo que dejaron de vender helados con base en agua y fruta fresca, los bolis, los raspados, los taquitos, y sustituyeron los alimentos por otras cosas más azucaradas y refinadas, así como frituras de harina.
No es una situación aislada, actualmente hay centros comerciales que venden productos dañinos, de muy baja calidad, en su mayoría con tres sellos y que no están regulados por los organismos e instituciones gubernamentales correspondientes para poderlos sacar del mercado, que de alguna manera sostienen un marcado clasismo sustentado en un poder adquisitivo que de entrada no sólo es discriminatorio sino profundamente injusto.
Resulta ofensivo que las familias tengan que acceder a esos alimentos de menor calidad por el ingreso que perciben, por lo que resulta un paso importante la prohibición de los alimentos “chatarras” para que se dejen de vender en las escuelas; pero a la par se requiere impulsar una política de equidad que permita que las familias accedan a mejores productos, de mayor valor nutricional, en cualquier tipo de comercios.
Esto posiblemente implicaría una transformación social verdadera: arrancarle al neoliberalismo y al clasismo el control de los alimentos de mejor calidad y valor nutricional para que quienes ganan menos accedan a estos.
La calidad nutricional debe ser parte de una política integral aunada a aquella orientada a los cuidados — en donde salud, economía y educación trabajen en conjunto— iniciando por garantizar bebederos con agua potable en cada escuela, además de favorecer la organización comunitaria que permita brindar desayunos o comederos accesibles a todas las familias para que coman de manera más equilibrada y nutritiva.
La escuela es central en la organización social y un articulador clave para diversas estrategias que tengan como base el establecimiento de los derechos humanos de las niñeces y adolescencias, siendo la alimentación una de ellas. Por lo que nos espera una larga batalla que siempre valdrá la pena hacerla para mejorar la calidad de vida y que mejor que una basada en una cruzada para el acceso a una alimentación sin distinción de clase.
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