Zuhey Medina / Metapolítica
Morelia, Michoacán. – “Están minadas todas las salidas, estamos sitiados; no podemos salir a comprar víveres, al hospital… a nada”, denuncian habitantes de Coahuayula, en el municipio de Chinicuila, Michoacán, cuya población ha sido víctima de los ataques con drones y armas de grueso calibre perpetrados por grupos delictivos en la zona.
El domingo 20 de abril fue minada la última salida que les quedaba: una carretera de terracería en Salitre de Estopila, que conecta Coahuayula con El Ranchual. Sumado a lo anterior, cuando ocurren las agresiones armadas se pierde la señal en la zona, impidiendo que puedan solicitar ayuda en redes sociales o vía telefónica.
Coahuayula está localizado a 710 kilómetros de Ciudad de México y unos 384 km de la capital del estado, Morelia. Es un paraíso natural, con laguna, pozos y cascadas, que se encuentra en el olvido. La Sierra Sur aísla al municipio que limita al norte con Colima, al sur con Aquila, al este con Coalcomán y al oeste con Coahuayana.
Los habitantes de este paraíso ahora temen una masacre, que no sería sino el recrudecimiento de la violencia que viven desde el 2024, ante las sofisticadas agresiones con drones de los grupos delictivos que ellos enfrentan con machetes y armas rudimentarias:
“Existen varias comunidades que están siendo atacadas con armas de grueso calibre, dronazos y minas terrestres. Ya llevan años atacándolas, pero este último año se agudizó el problema… Empezaron a atacar directamente a la comunidad, a las casas con armas de grueso calibre dronazos que iban dirigidos a la escuela, a las casas, a los sembradíos. Esas comunidades son comunidades originarias en alto grado de marginación y que no tienen nada más que sus sembradíos de maíz… estos ataques van sido dirigidos a su medio de subsistencia”.
Hace más de una semana explotó una mina en El Salitre, en donde murió un padre de familia dejando a sus hijos huérfanos. Este no es un hecho aislado, denuncian que hay muchos casos donde los propios niños son heridos por balas pérdidas. Algunos han dejado de ir a la escuela por la falta de condiciones de seguridad: “No hay maestros, no hay doctores”.
Los habitantes exigen a las autoridades estatales y federales un retén militar y cuerpos especializados en desactivación de explosivos, para localizar y desactivar las minas colocadas en la región. Además, mejorar la conexión de internet y de energía eléctrica en la zona, ya que también acusan que la Comisión de Energía y Fuerza (CFE) les abandonó.
Asimismo, la búsqueda inmediata de los activistas ambientales desaparecidos, priorizando su localización con vida, la apertura de una investigación exhaustiva sobre estos hechos, para deslindar responsabilidades, identificar a los autores materiales e intelectuales y garantizar justicia para las víctimas.
También exigen; “el diseño e implementación de un plan integral de seguridad y protección para las comunidades en situación de riesgo, con enfoque intercultural y respeto a los derechos colectivos de los pueblos originarios”.
Desde 2024, con la desaparición del profesor Gabriel José Pelayo, quien participó en la creación de un Consejo Ciudadano, los ataques se han intensificado. Para enero del 2025, las agresiones dejaron de limitarse a los caminos y comenzaron a lanzar explosivos (usando drones) contra las casas de la población de Coahuayula y La Laguna. Alrededor de 50 familias evacuaron la zona.
La lucha por este territorio es añeja, el control de la Tierra Caliente de Michoacán da no solo la facilidad de las tierras fértiles para la producción de limón y aguacate, así como a la explotación de sus minerales, también el acceso a los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, y con esto a los precursores del fentanilo.
