Por Lucero Circe López Riofrio
Consolidar un Estado de bienestar es uno de los puntos centrales en una agenda de izquierda pensada en establecer equilibrios en donde los grupos racializados y precarizados avancen hacia condiciones dignas donde puedan acceder a distintos apoyos y con ello ir cimentando un sistema permanente de atención integral considerando las necesidades prácticas y estratégicas bajo enfoques diferenciados, pero eso sí basados en derechos y libertades, que no confundir con libertarismo, dado que a este ultimo lo define el mercado y nos orilla al individualismo con lamentables consecuencias.
Un sistema judicial que se respete a sí mismo aplicará de manera permanente criterios de imparcialidad, ética, responsabilidad, objetividad, eficiencia, equidad, y se preocupará y hará todo por la erradicación de las fallas del sistema, así como impedir la arbitrariedad y la corrupción, pero principalmente erradicará la reproducción de la violencia estructural de manera central que se reproduce en este ámbito, al igual que la discriminación.
Hemos visto que la demanda de las víctimas es justa, real y sentida, por lo que la verdad como premisa no puede ser capturada ni invalidada, las personas deben ser el fin no el medio, por lo que no puede legitimarse la mentira, como tampoco el reforzamiento ideológico de que la justicia es exclusiva y limitada.
Desarticular los sistemas y nódulos que impiden obtener justicia no sólo están en aquellos casos de grandes evasores fiscales sino en situaciones graves y complejas que como en los casos de violencia contra las mujeres, las desapariciones, los crímenes de odio, pero también en el día a día. Una pila de casos se acumula diariamente en los escritorios de los distintos juzgados, teniendo en cuenta el costo económico y emocional para quienes exigen justicia y que han sido lastimadas y dañadas profundamente.
Es sabido que una elección no cambiará de fondo con este sistema de justicia, para eso se requiere tiempo, además de otros elementos que indudablemente deberán ser discutidos, debatidos, revisados, consensados e institucionalizados, para la actuación profesional y responsable, aunado a la rendición de cuentas, pero principalmente para erradicar la opacidad, el tráfico de influencias y la justicia selectiva.
Lo cierto es que la participación ciudadana, nuestra participación, debe transitar más allá de las elecciones, pese a que a cada rato estamos en ello, considerando el costo que tiene para las finanzas de este país, por lo que podría abrirse a otras formas de participación y con ello construir mecanismos que den legitimidad y reconocimiento jurídico consenso y civilidad.
Hay avances y ejercicios importantes como las asambleas informativas y para la toma de decisiones sin la presencia de los partidos políticos, los concejos comunales, barriales y de colonos, entre otros que a diferencia de los “gobiernos abiertos” que van sesgando hacía intereses partidistas, seleccionado previamente a representantes que lo que menos hacen es representar a la comunidad.
Otro punto de la agenda de izquierda pendiente en materia judicial sería la prisión preventiva oficiosa, justificada y de alguna manera aquella que es impositiva e ilegal, siendo necesaria que regrese al debate y revisión, porque es innegable que ha funcionado más como un mecanismo de control punitivo y político.
Fundamental la revisión de los expedientes y sentencias de las mujeres privadas de su libertad por delitos contra la salud, secuestro, homicidio y desaparición, además de las condiciones en que se encuentran dentro de los penales, así como de las de sus hijas e hijos ¿por qué no tratar digna y humanamente a quien delinquió? ¿Por qué no obligar a los análisis contextuales sobre la comisión de delitos?
Un punto que considero de gran importancia discutir son las sentencias de miles y miles de años ¿funcionan? ¿cómo desmontar los protagonismos punitivistas del Poder Legislativo y Ejecutivo? ¿utilidad de los derechos humanos y para quién? ¿para qué comprender las sentencias y las consecuencias de la comisión de los delitos? Más allá de la utilización de un lenguaje comprensible y menos técnico legalista.
Y ya en el tema de género específicamente, más allá del cumplimiento de metas de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres, que es totalmente disfuncional y que ha sido rebasada por la realidad actual. Pendiente esta la revisión de aquellos proyectos que parecía que iban a funcionar, pero ya en lo operativo no lo fueron, se convirtieron en cargas administrativas pesadas y llenas de “cuatachismo”, lo que impide el mejoramiento y profesionalización en los procesos de atención y en las áreas sustantivas que procuran y administran justicia para las mujeres.
Por último, ¿cómo enfrentaran los rezagos en materia de acceso a la justicia? Algunos de ellos centrados en: recursos humanos técnicos y profesionales que no sean familiares ni cuotas de otra índole, instalaciones y acceso a servicios gratuitos e inclusivos, revisión de sentencias y órdenes de aprehensión, audiencias quincenales o trimestrales, etc. etc. etc. ya que si sigue funcionando como está, entonces no habrá poder alguno que cambie las inercias enquistadas del cual todos y todas somos parte.
