Zuhey Medina | Metapolítica
Morelia, Michoacán.- En el oriente de Michoacán, las montañas que rodean a Ciudad Hidalgo y los pueblos de Zinapécuaro y Jungapeo guardan un secreto incómodo. Desde hace más de 25 años, la región enfrenta una epidemia silenciosa: la insuficiencia renal crónica avanza sin freno, enferma a personas cada vez más jóvenes y ha dejado hogares enteros vacíos.
Hasta hace muy poco, no había una explicación oficial, ni responsables; solo dolor, sospechas y un creciente hartazgo comunitario.
“Queríamos entender el contexto completo”
Mesas interinstitucionales sobre “agua limpia e hidrogeología” y “salud física y toxicología” se crearon el 26 de mayo de 2022, con presencia de instituciones responsables de medio ambiente y salud estatales, incluyendo CONAGUA, PROFEPA y CFE. Estas mesas culminaron su última reunión el 23 de febrero de 2024, con notable ausencia de acciones de incidencia o programas de intervención por parte de las diferentes instituciones para atender o prevenir la problemática de salud pública en la región oriente de Michoacán.
La doctora Virginia A. Robinson Fuentes, responsable del equipo de toxicología y salud, confirmó que existió una relación de 3 a 1 de pacientes renales en el oriente del estado con respecto al resto, y que los pacientes iniciaron el tratamiento de hemodiálisis más jóvenes, con un promedio de 27 a 30 años en los municipios del oriente.
“Comprobamos dos cosas: que ciertamente hay una relación de 3 a 1 de pacientes renales en el Oriente del estado con respecto al resto; y, el segundo dato, es que los pacientes inician el tratamiento de hemodiálisis (que ya es un tratamiento terminal) más jóvenes. O sea que sí inician, en los municipios del oriente del estado, más jóvenes, con un promedio de 27 a 30 años”, detalló.
Pedro Corona, geólogo investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), identificó el campo geotérmico como el principal sospechoso, con origen geológico que impactó directamente en manantiales y ríos de consumo humano.
“El presunto sospechoso de la línea de investigación más importante es el campo geotérmico el cual tiene un origen geológico el cual por lo tanto tiene un origen extremadamente importante desde el punto de vista geocientífico”, declaró. Hasta el momento, se recolectaron datos en manantiales directos de consumo humano, muestras de agua de río y suelos, para averiguar interacciones agrícolas y forestales en zonas como Zinapécuaro y Jungapeo.
Pobladores de San Pedro, en Ciudad Hidalgo, reportaron un incremento de casos desde la década de 1990, coincidiendo con la expansión de la producción eléctrica por la CFE.
Un poblador local recordó:
“Nacimos en la orilla del pueblo, un pueblo tranquilo. Hasta que llegó Comisión Federal de Electricidad tuvimos un cambio muy fuerte. Esta situación vino a plantear para nosotros un antes y un después porque de un pueblo tranquilo, sin problemas de enfermedades renales o con muy contados casos, tuvimos el fenómeno de que después de la producción de energía eléctrica en los noventas empezamos a notar que se da mucho problema en la de riñón aquí en la región”.
La doctora Fabiola González Betanzos, especialista del área psicosocial, explica que el fenómeno no puede entenderse sólo desde la biología, por lo que querían capturar todo el contexto. Para ello diseñaron una metodología que recogiera antecedentes, padecimientos actuales e indicios tempranos de enfermedad renal.
“Podemos ver como esta zona que va desde Zinapécuaro y que termina en Jungapeo es una zona que presenta las mayores dificultades en estas variables que hemos evaluado”.
¿Qué es la insuficiencia renal crónica?
El nefrólogo Israel David Campos lo explica con crudeza:
“Los riñones limpian la sangre. Este par de órganos se encargan a través de la orina de eliminar creatinina entre muchas otras cosas. Cuando fallan por más de tres meses, hablamos de enfermedad renal crónica. Se pierde su estructura y su función”. En pocas palabras: el cuerpo empieza a envenenarse.
Ese envenenamiento se refleja en la vida cotidiana. Patricia Hernández, paciente en hemodiálisis, lo narra con el cuerpo todavía afectado:
“Empecé con falta de apetito, hinchazón, falta de aire. Ya no dormía. Tenía anemia. Cuando me diagnosticaron, me dijeron que ya no tenía cura. Tuve que entrar a hemodiálisis de urgencia”.
El testimonio de José Guadalupe Luna refleja la carga económica insostenible: “Gasto casi 3 mil pesos por semana. Debería ir dos veces, pero ya nomás voy cada 15 días porque no puedo”.
La enfermera Guadalupe Mercedes Luviano resume el final del recorrido clínico: “El cuerpo se va envenenando. Náuseas, vómito, edema, picazón… llegan muy mal al hospital”.
Un pueblo donde saben que el daño viene de un mismo lugar
La carga geográfica es imposible de ignorar. Guadalupe Nieto, trasplantada renal, lo dice sin rodeos:
“Cuando dices que vienes de Ciudad Hidalgo, los nefrólogos responden: ‘De seguro vienes de San Pedro’. Saben que la mayoría de enfermos renales vienen de ahí”.
Ella misma paga 30 mil pesos al año sólo para mantener su seguro. Otros ni siquiera pueden aspirar a eso.
La sospecha que todos conocen: el agua
Aunque el gobierno no reconoce una causa, los pobladores llevan décadas hablando de lo mismo: el agua.
Juan Manuel León, comunero, recuerda que desde niño ya escuchaba advertencias: “Decían que el agua ya venía contaminada. El azufre deja una marca en las piedras, en los depósitos. Lo veíamos”.
Geotermia, volcanes, fallas y el ciclo del agua: ¿de dónde viene el veneno?
Además de lo que el geólogo Pedro Corona señala un posible responsable, que es campo geotérmico (la planta de la CFE en Los Azufres), la investigadora Daniela Jurado Calderón explica que las condiciones de la zona —fallas, estructuras volcánicas, el ciclo hidrológico— podrían estar concentrando contaminantes en el agua que consumen los pueblos.
Mientras tanto, científicos de la UMSNH han encontrado elementos tóxicos. El investigador ambiental Alberto Gómez Calderón advierte:
“La norma mexicana permite niveles cinco veces más altos que estándares internacionales. El arsénico está muy cerca del límite o incluso por encima”.
Datos ocultos, estudios enterrados y negación oficial
Las comunidades denuncian años de omisiones. Pedro Nieto, poblador y representante comunal, declaró con impotencia acumulada:
“En 2006 vinieron a sacarnos sangre para estudios. Esos resultados están guardados en la universidad. Nunca nos dijeron nada. Hemos tenido reuniones durante tres años. La CFE se niega a entregar documentos. Dicen que es ‘privacidad de empresa’. ¿Y yo enterrando a mis muertos para proteger su anonimato?”.
Corona confirmó la negligencia institucional:
“Desde el punto de vista institucional [hay que] seguir haciendo presión porque las instituciones responsables y las que les mencioné hace un rato están en inacción total… han dejado que esto siga creciendo. Sería una oportunidad para estos gobiernos que están entrando, para que ellos asumieran la responsabilidad. No son culpables, a nadie se le ha dicho eso, pero ellos tienen su competencia”.
Agregó que la gente ve a los investigadores como una esperanza: “nos ven como quien debería de haber llegado a resolverles parte del problema, a atenderlos”.
El costo de una vida intoxicada
El economista Rafael Trueba Regalado detalla que están midiendo el costo defensivo de enfermar, desde citas médicas hasta trasplantes. Dra. Virginia A. Robinson Fuentes, responsable del equipo Toxicología y Salud, indicó que se requieren 700 mil dólares al año por paciente renal.
Pedro Nieto lo resume:
“Lo que se requiere ya no es quien sea [culpable] sino simplemente que nos apoye, que se haga responsable. La salud es una prioridad como mexicanos, como michoacanos y más afectados por una empresa. Que sean responsables de llevar a cabo los gastos de los enfermos. Mi hija quedó afectada, ella tiene que seguir haciéndose estudios para irle controlando la medicina para que le siga funcionando el hígado que se le trasplantó…”
Lo que sigue: organización o muerte
A partir de este proyecto, las comunidades del Oriente de Michoacán se reunirán con otras 40 a 50 comunidades del país afectadas por crisis ambientales, a través del Consejo Nacional de Ciencia, adelantó Corona, quien también señala que se va a constituir una red nacional de académicos que hayan enfrentado este tipo de problemáticas.
Por su parte, especialistas como el doctor Cleto Álvarez Aguilar propusieron diagnósticos tempranos mediante programas de detección en unidades de primer nivel de atención de instituciones como IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, con equipos que visitaran comunidades identificadas.
*Reportaje basado en el documental “Veneno Bajo Tierra”, producción de Kodia Multimedios (21 de noviembre).
