METAPOLÍTICA
Morelia, Michoacán.- Diana Espino es la voz que hoy intenta dar forma al vacío dejado por su hermana, Maritza, encontrada sin vida, y el paradero incierto de dos niñas que, al parecer, son el último señuelo en un ciclo de violencia machista.
La preocupación es palpable: “La situación está muy triste, es muy, ahora sí que muy preocupante. Estamos, aparte de tristes, dolidos, enojados, estamos preocupados porque no sabemos nada de nuestra sobrina.”
Diana describe un panorama donde la figura paterna a cargo de Felipe, el presunto responsable, nunca fue un pilar de cuidado, sino solo un “proveedor económico”. El padre, quien ahora presuntamente tiene a las menores, no está facultado para cuidarlas, pero su amenaza fue el detonante final. Las niñas, acostumbradas al 100% de dedicación de su madre, están ahora en un riesgo inminente bajo su custodia.
El último contacto físico fue el 18 de noviembre. Tres días después, el 24, el agresor orquestó una videollamada con Maritza, no para comunicarse, sino para ejecutar una amenaza: la usaría como carnada. Le dijo que si no asistía a verlo, le haría daño a una de las niñas.
El 18 de noviembre fue el día del quiebre definitivo. Tras llevar a las niñas a la escuela, Maritza acudió a la casa del sujeto, donde los celos se convirtieron en furia. Él le reveló tener un detective y saber todos sus movimientos. Cuando ella intentó cortar la relación, exigir el divorcio y la paz, él reaccionó con violencia extrema: la amenazó con un arma blanca. Maritza, agotada, le retó: “que la mate, que no le importa, que ya está cansada”. Al no lograr intimidarla, él la encerró. Ella logró escapar, pero al ir a recoger a las niñas a la escuela, ya no regresaron.
La historia de violencia no era nueva. Diana confirma que su hermana había interpuesto al menos dos denuncias previas por la naturaleza violenta del hombre. Las marcas físicas eran evidentes: “Sí, sufría violencia física porque cuando la vieron el día 18 ella traía moretones en su cuerpo”.
La agresión no era solo física; el agresor ejercía control psicológico, aislándola de su familia en Uruapan y económico, condicionando el sustento a su obediencia.
La desesperación se agrava con la aparente inacción institucional. La orden de restricción que Maritza solicitó en octubre nunca se concretó.
Diana señala la responsabilidad de la Fiscalía, pues si hubieran actuado a tiempo, quizás Maritza estaría viva y las niñas a salvo. La familia se queda con el eco de la amenaza y la dolorosa certeza de que la lucha por la vida y por encontrar a las menores apenas comienza.
