Metapolítica
Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó este 12 de enero a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral un documento con 241 propuestas aprobadas por mayoría de sus consejeros, con el objetivo de fortalecer el sistema democrático de cara a la próxima reforma electoral. El punto de mayor consenso entre los 11 consejeros fue la solicitud de retrasar la fecha de la elección judicial programada originalmente para junio de 2027, debido a la magnitud del proceso y los riesgos logísticos que implicaría su coincidencia con las elecciones intermedias federales y locales de ese año.
La propuesta busca mover el proceso a una fecha posterior, como octubre o noviembre de 2027, o incluso septiembre según algunas versiones, para separar ambos ejercicios electorales que tienen reglas y dinámicas distintas. Este planteamiento obtuvo unanimidad (10 votos, al no participar una consejera por desacuerdo con el procedimiento), lo que lo convierte en el tema de mayor acuerdo interno en el Consejo General del INE.
Otra de las propuestas clave es mantener la representación proporcional en el Poder Legislativo a través de los legisladores de plurinominales, figura establecida desde la reforma de 1977. El consejero Jaime Rivera señaló: “La reforma debe fortalecer la democracia. No puede responder a una sola fuerza política, a un solo bloque, sino a una diversidad de puntos de vista. Y para eso se estableció un principio de proporcionalidad en la reforma de 1977, que debe revisarse, tal vez, pero fortalecerse”.
En materia presupuestal, los consejeros plantean apegar el presupuesto del INE al PIB anual para hacerlo dinámico y evitar recortes basados en criterios no técnicos. La consejera Carla Humphrey destacó que “los recursos que recibe el INE son insuficientes y muchas veces los ajustes al gasto ponen en riesgo los derechos de la ciudadanía y de preservación de los principios democráticos y electorales en México”. El consejero Arturo Castillo agregó: “Sin recursos si hay una afectación a la calidad de la democracia. Debemos preservar que las elecciones sean confiables con el presupuesto necesario”.
El documento también incluye temas como la permanencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), el veto al secreto ministerial en funciones de fiscalización y sanciones a autoridades que no colaboren con información, así como herramientas tecnológicas para reducir la influencia del crimen organizado en procesos electorales.
Con información de El Financiero y El Universal
