El gobernador de Michoacán confirmó que trabaja con la Fiscalía, el DIF y Sipinna para sustentar una propuesta legal tras el homicidio de dos maestras en Lázaro Cárdenas; busca distinguir entre infracciones menores y actos con “saña y premeditación”.
Zuhey Medina / Metapolítica
Morelia, Michoacán.— El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que en un plazo máximo de 15 días enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para modificar el tratamiento penal de menores de edad involucrados en delitos de alto impacto.
La propuesta surge como respuesta directa al caso de Osmar “N”, el joven de 15 años que privó de la vida a dos docentes en la preparatoria Antón Makárenko, en el puerto de Lázaro Cárdenas. El mandatario subrayó que el Estado debe tener la capacidad de diferenciar entre una falta administrativa y crímenes cometidos con extrema violencia.
“Un tema es que un menor cometa una infracción o un delito menor; ahí estamos de acuerdo en que no puede ser imputable de la misma forma. Otro caso es cuando hay saña, premeditación y delitos graves como el homicidio o el secuestro, donde la agresión a la sociedad es muy alta”, puntualizó Bedolla.
Sustento técnico y coordinación institucional
El titular del Ejecutivo estatal explicó que la elaboración de esta iniciativa no es un acto improvisado, sino que cuenta con el respaldo técnico de la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Carlos Torres Piña, así como el Sistema DIF y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
“Es un tema muy serio, no es enviar nada más por enviar una iniciativa. Tiene que estar perfectamente sustentada”, afirmó el gobernador, destacando que se está recabando toda la información diagnóstica y jurídica necesaria para que la propuesta sea viable a nivel federal.
Hacia un cambio en el sistema nacional
Debido a que el tratamiento de la justicia para adolescentes está regido por leyes generales y el Código Nacional de Procedimientos Penales, la propuesta de Michoacán será enviada a la Federación para su análisis en las cámaras de Diputados y Senadores.
Ramírez Bedolla reiteró que el objetivo es que, en casos específicos donde se demuestre que el adolescente actuó con plena conciencia del daño y bajo condiciones de peligrosidad alta, se apliquen sanciones proporcionales a la gravedad del acto, similares a las de un adulto.
“Quiero que en los próximos 15 días estaremos mandando esa iniciativa con todo lo que tenemos, con toda la información que hemos recabado”, concluyó el mandatario, reafirmando su compromiso con la justicia para las familias de las maestras víctimas del ataque.
