Un juez de la región Uruapan impuso la pena máxima a la esposa del edil de Nahuatzen; además de la cárcel, deberá pagar más de 2.5 millones de pesos entre multas y reparaciones de daño.
Zuhey Medina / Metapolítica
Uruapan, Michoacán.— El Poder Judicial de Michoacán dictó una sentencia histórica de 140 años de prisión en contra de Christian Ambríz, tras ser hallada responsable del secuestro agravado de su esposo, el entonces presidente municipal de Nahuatzen, David Eduardo Otlica Avilés, ocurrido en abril de 2019.
Durante la audiencia de individualización de sanciones, un juez de oralidad penal determinó que Ambríz participó en el crimen que terminó con la vida del edil perredista. Además de la pena privativa de la libertad, la sentenciada deberá cubrir una multa superior a los 2 millones de pesos y el pago de 5 mil días de salario mínimo para las víctimas indirectas.
La resolución también contempla la reparación del daño por gastos funerarios, equivalente a más de 513 mil pesos, y la suspensión de sus derechos político-electorales por el mismo periodo de la condena.
El crimen: Del conflicto político al entorno familiar
El caso, que en su momento conmocionó al estado por el clima de inestabilidad en Nahuatzen, dio un giro inesperado cuando las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) apuntaron al círculo íntimo del alcalde.
David Otlica Avilés fue privado de su libertad la madrugada del 23 de abril de 2019 en su domicilio de San Isidro. Según las indagatorias, sujetos que viajaban en dos vehículos —entre ellos un Mustang rojo— lo sacaron por la fuerza. Horas más tarde, su cuerpo fue localizado con huellas de tortura en un predio conocido como Cortijo Viejo, en el municipio de Coeneo.
La captura de los implicados
Días después del homicidio, las autoridades detuvieron a Gerardo “N”, padrastro de Christian Ambríz, como el autor material que ingresó a la vivienda para amenazar y llevarse al edil. En aquel entonces, la principal línea de investigación estableció un conflicto intrafamiliar como el móvil del asesinato.
Pese a que inicialmente la propia Christian Ambríz responsabilizó públicamente a grupos opositores —como el Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen— por el secuestro de su esposo, las pruebas técnicas y los testimonios recabados por la FGE acreditaron su participación activa en la planeación de los hechos.
Con esta sentencia, el Poder Judicial de Michoacán cierra uno de los casos de violencia contra funcionarios municipales más mediáticos de los últimos años, reiterando su compromiso con una justicia completa y el castigo a los delitos de alto impacto.
