La reforma constitucional impulsada por el gobierno de Nayib Bukele entrará en vigor el próximo 26 de abril; los tribunales de lo criminal procesarán delitos graves como homicidio, feminicidio y violación.
Metapolítica
San Salvador.— A partir del próximo 26 de abril, entrarán en vigor en El Salvador las reformas constitucionales que permiten sentenciar a cadena perpetua a menores de edad desde los 12 años. La medida, aprobada por la Asamblea Legislativa y ratificada mediante su publicación en el Diario Oficial, establece la máxima pena para delitos de alto impacto social.
De acuerdo con las modificaciones legales, la prisión de por vida será aplicable en casos de homicidio, feminicidio y violación, eliminando las consideraciones de minoría de edad que anteriormente limitaban las sentencias para adolescentes en el sistema penal salvadoreño.
Reestructuración del sistema judicial
La implementación de esta normativa obligó a los legisladores a reformar un paquete de leyes secundarias, entre las que destacan los códigos Penal y Procesal Penal, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y la Ley Penal Juvenil.
Como parte de este ajuste, la Ley Orgánica Judicial también fue modificada para transformar los actuales juzgados de menores en tribunales de lo criminal. Estas nuevas instancias serán las encargadas de procesar los expedientes y dictar las sentencias de cadena perpetua cuando la gravedad del delito lo amerite.
“Los juzgados de menores se convierten en tribunales de lo criminal, que tendrán la responsabilidad de estudiar los casos en los que aplique la cadena perpetua”, detalla la reforma publicada.
Mecanismos de control
A pesar de la severidad de la medida, las reformas contemplan la creación de un mecanismo de revisión específico para los casos donde se imponga la prisión perpetua. Este instrumento jurídico permitirá evaluar las sentencias bajo criterios que aún deberán ser definidos en los reglamentos operativos del sistema judicial.
Esta política se suma a la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele, la cual ha generado un intenso debate internacional entre quienes apoyan el endurecimiento de las penas para combatir la criminalidad y organizaciones de derechos humanos que cuestionan el procesamiento de menores de edad como adultos.
