El Pleno reformó la Ley de Educación de Michoacán para frenar acuerdos organizativos o “convenios” que encarecen los materiales didácticos y vulneran la economía familiar.
Metapolítica
Morelia, Michoacán, 20 de mayo de 2026.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Educación de Michoacán para prohibir de manera estricta que las instituciones educativas, públicas o privadas, condicionen la prestación del servicio a la adquisición de uniformes, útiles o materiales didácticos de marcas, proveedores o establecimientos específicos.
El dictamen, emanado de la Comisión de Educación tras analizar una iniciativa promovida por la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, fue respaldado por el voto a favor de las y los legisladores de la Septuagésima Sexta Legislatura, quienes coincidieron en la urgencia de frenar prácticas administrativas que impactan directamente el bolsillo de los padres de familia.
Con la modificación a la fracción XXIV del artículo 226 de la citada ley, queda catalogado como una infracción el obligar, inducir o presionar a las madres, padres de familia o tutores a contratar actividades extraescolares o comprar insumos escolares con distribuidores determinados.
La prohibición abarca tanto las presiones directas como indirectas, entre las que se incluyen:
- La imposición de listas exclusivas de materiales.
- Convenios de exclusividad con marcas o comercios.
- Recomendaciones obligatorias hacia ciertos establecimientos.
- Cualquier mecanismo que genere beneficios económicos indebidos a favor de personas físicas o morales vinculadas con las autoridades o la comunidad escolar.
Argumentan defensa de la economía familiar
En las consideraciones del dictamen, las y los integrantes de la Comisión de Educación advirtieron que estas prácticas, aunque frecuentemente se disfrazan de “acuerdos organizativos” internos o medidas administrativas de orden, constituyen en los hechos una imposición que violenta la libertad de elección.
“Este tipo de prácticas limita la capacidad de decisión de madres, padres de familia y tutores, al restringirles la posibilidad de elegir libremente las opciones que mejor se ajusten a sus necesidades y condiciones económicas. En consecuencia, dichas imposiciones pueden traducirse en una carga financiera adicional e injustificada, afectando directamente la economía familiar y contraviniendo principios de accesibilidad y equidad en la educación”, señala el documento formal del Legislativo.
A través del decreto, el Congreso de Michoacán busca asegurar la transparencia en los planteles escolares, prevenir posibles conflictos de interés entre directivos y comercios, y garantizar un entorno educativo incluyente donde el acceso a las aulas no dependa de la capacidad de cumplir con cuotas de consumo predeterminadas.
