Metapolítica
Morelia, Michoacán, 21 de mayo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) federal firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de información estratégica, un acuerdo diseñado para rastrear el lavado de dinero y asfixiar las estructuras económicas del crimen organizado en la entidad.
El Fiscal General, Carlos Torres Piña, suscribió el documento jurídico con la instancia dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el cual permitirá cruzar datos bancarios, reportes de actividades vulnerables y registros patrimoniales para robustecer las carpetas de investigación de alto impacto en las distintas regiones del estado.
¿Cómo operará el intercambio de información financiera?
El mecanismo técnico establece una comunicación bidireccional permanente entre ambas instituciones. Por un lado, la FGE aportará datos obtenidos en las investigaciones de campo locales; por el otro, la UIF compartirá productos de inteligencia y alertas financieras del sistema bancario que ayuden al ministerio público a identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Al respecto, el Fiscal General, Carlos Torres Piña, señaló que este tipo de alianzas representan un avance en la consolidación de investigaciones patrimoniales más sólidas, las cuales permitirán debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos bajo una política de coordinación interinstitucional y cero impunidad.
Crearán unidades técnicas y capacitación contra el lavado de dinero
Además del flujo de datos, el convenio mandata la conformación inmediata de grupos de trabajo especializados en las áreas técnicas e informáticas para coordinar los operativos.
Asimismo, personal de la federación impartirá jornadas de capacitación en análisis operativo y estratégico a los agentes ministeriales de Michoacán, bajo protocolos estrictos que garantizan el manejo confidencial y el resguardo de la información financiera.
Con esta reforma operativa, la Fiscalía estatal transita hacia un modelo de persecución penal centrado en el estrangulamiento de los flujos de capital, complementando el combate operativo con el desmantelamiento financiero de las células criminales.
