Por Catalina Rosas
Durante décadas, el acceso a la vivienda en México estuvo marcado por una lógica de mercado que redujo la participación del Estado y convirtió el derecho a la vivienda en un negocio financiero. Hoy, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca reposicionar la política habitacional como un eje de bienestar social y desarrollo nacional, retomando un papel más activo del Estado en la construcción y planeación urbana.
La discusión sobre la vivienda social ha vuelto al centro de la agenda pública durante las mañaneras recientes, donde el gobierno federal ha presentado avances del programa de construcción, regularización y acceso a créditos accesibles. El contraste con el periodo neoliberal resulta inevitable. Entre las décadas de 1980 y 2018, la política de vivienda transitó hacia un modelo orientado principalmente por desarrolladoras privadas. Bajo la lógica neoliberal, organismos como INFONAVIT y FOVISSSTE dejaron de priorizar la construcción pública directa y pasaron a funcionar principalmente como entidades financieras que otorgaban créditos para adquirir viviendas producidas por empresas privadas.
El resultado fue un crecimiento masivo de fraccionamientos en periferias urbanas, muchas veces alejados de centros de trabajo, sin transporte suficiente, servicios básicos limitados y escasa planeación territorial. Millones de familias accedieron a una vivienda, pero no necesariamente a una ciudad habitable.
En ese periodo proliferaron los llamados “desarrollos dormitorio”: casas pequeñas, construidas con estándares mínimos y ubicadas en zonas desconectadas. Con el paso de los años, cientos de miles de viviendas fueron abandonadas debido a la falta de empleo cercano, inseguridad o altos costos de traslado. La vivienda se convirtió en mercancía antes que en un derecho social.
El actual gobierno del segundo piso de la transformación plantea una narrativa distinta: recuperar la rectoría del Estado en la política habitacional y entender la vivienda como parte de una estrategia integral de bienestar.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en varios objetivos:
- Construcción de vivienda accesible para sectores populares;
- Recuperación de vivienda abandonada;
- Regularización de asentamientos;
- Congelamiento o reestructuración de créditos impagables;
- Planeación urbana vinculada a transporte y servicios y
- Participación pública más activa en la edificación de vivienda.
Uno de los cambios más relevantes ha sido el papel social de la vivienda. Mientras el neoliberalismo apostó por la financiación del sector, el nuevo modelo busca recuperar la función pública del suelo y de la infraestructura urbana.
También destaca la intención de coordinar proyectos habitacionales con obras estratégicas de movilidad, como trenes, corredores industriales y polos de desarrollo regional. La idea es evitar que la población trabajadora quede expulsada hacia periferias desconectadas.
Otro elemento central es la transformación del INFONAVIT. Durante años, miles de trabajadores enfrentaron créditos impagables debido a esquemas ligados a salarios mínimos y mecanismos financieros que incrementaban las deudas incluso después de años de pago. Los gobiernos de la Transformación impulsaron programas de conversión, congelamiento y reestructuración de créditos, beneficiando a millones de acreditados. Así mismo ha presentado estas medidas como una corrección histórica frente a prácticas financieras heredadas del periodo neoliberal. El cambio no es menor; mientras antes el centro de la política era la rentabilidad del financiamiento, ahora el discurso gubernamental coloca en primer plano la estabilidad familiar y el acceso efectivo a una vivienda digna.
Sin embargo, el problema habitacional mexicano sigue siendo enorme. El déficit de vivienda adecuada, el crecimiento irregular de las ciudades, el encarecimiento del suelo urbano y la gentrificación continúan afectando a millones de personas.
Además, especialistas advierten que no basta con construir más viviendas; también se requiere garantizar: acceso al agua; transporte público eficiente; servicios de salud y educación; sostenibilidad ambiental y cercanía a fuentes de empleo. Otro reto importante es evitar que la vivienda social vuelva a quedar subordinada a intereses especulativos o inmobiliarios.
La diferencia entre ambos modelos refleja dos visiones distintas del papel del Estado. El periodo neoliberal privilegió la lógica del mercado y la expansión inmobiliaria privada; el actual gobierno de la transformación busca reivindicar la vivienda como un derecho social vinculado al bienestar colectivo.
En un país con profundas desigualdades urbanas, la disputa por la vivienda también es una disputa sobre el tipo de desarrollo nacional: ciudades pensadas para la rentabilidad inmobiliaria o ciudades orientadas al derecho social y la dignidad de quienes las habitan.
