“No venimos a apropiarnos de ningún resultado anterior”: Torres Piña; asume informe de impunidad como hoja de ruta en la FGE

El fiscal general de Michoacán reconoció el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado desde 2021, pero advirtió que los buenos indicadores nacionales no se deben leer como una “medalla” sino como un compromiso para mejorar las prácticas internas.

Zuhey Medina / Metapolítica

Morelia, Michoacán, 2 de junio de 2026.— Tras la presentación del estudio nacional que ubica a Michoacán como el estado con menor índice de impunidad en el país, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, fijó una postura institucional de autocrítica y rigor metodológico. El funcionario aclaró de manera tajante que la actual administración del órgano autónomo no busca colgarse preseas políticas con el esfuerzo acumulado de años anteriores.

“No venimos aquí a apropiarnos de algún resultado anterior a nuestra llegada a esta fiscalía”, sentenció de forma directa el fiscal general.

Torres Piña reconoció de manera explícita que la consolidación institucional responde a un esquema de coordinación interinstitucional estrecho que comenzó a edificarse de manera formal en el año 2021, bajo la directriz del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla. No obstante, recalcó que el reporte emitido a nivel nacional debe tomarse con prudencia operativa.

“Ese informe no debe de leerse como una medalla; debe de leerse como una hoja de ruta a lo que se viene dentro de las recomendaciones que se nos hacen, porque el mismo estudio que reconoce avances también señala retos”, puntualizó.

Los datos duros: Abaten sentencias absolutorias y rezago en carpetas

Para sostener la ruta de fortalecimiento técnico que inició a partir de su llegada al cargo en julio de 2025, Torres Piña expuso una serie de indicadores internos comparativos que revelan una transformación en la calidad de la litigación y la depuración del sistema procesal:

• Efectividad en imputaciones: Las vinculaciones a proceso pasaron de un registro de 1,452 casos en el periodo anterior (julio 2024 – abril 2025) a 1,756 incidencias en el lapso actual (julio 2025 – abril 2026). De acuerdo con el gráfico que se anexó, esto representa un incremento neto en la efectividad operativa del 20.9%.
• Control de calidad probatoria: Las sentencias absolutorias en los tribunales se redujeron en un 32%. Los datos oficiales confirman que la cifra disminuyó de 117 a solo 79 resoluciones absolutorias entre ambos periodos evaluados. El fiscal precisó que si bien la absolución es parte del debido proceso y de la presunción de inocencia, un número menor refleja un blindaje más estricto de la teoría del caso al llegar ante el juez.
• Cero simulación en cierres de casos: En lo referente al “No Ejercicio de la Acción Penal”, las determinaciones ministeriales pasaron de 19,728 a 9,259 resoluciones. Esto equivale a una reducción drástica del 53.1% (una diferencia neta de 10,469 casos menos archivados por esta vía), garantizando que los cierres estén debidamente fundados y no sustituyan a las tareas de investigación sustancial.
• Movilidad del archivo muerto: El estancamiento de carpetas bajo la figura del archivo temporal se contrajo en un 44.7%. La FGE reportó que de un acumulado previo de 20,852 expedientes inactivos, la cifra bajó a 11,541 carpetas en la presente gestión. “No queremos carpetas inmóviles”, sostuvo el funcionario respecto a la baja absoluta de 9,311 asuntos reactivados.

Prioridad absoluta a las víctimas: Se duplica la reparación material

El titular de la FGE enfatizó que poner a la víctima en el centro del proceso penal implica garantizar que el daño sufrido sea subsanado de manera efectiva y no solo en el papel. En este sentido, los resultados de la Dirección de Seguimiento de Acuerdos demuestran un avance histórico en la recuperación de recursos y bienes patrimoniales.

• Monto global recuperado: Durante el periodo de julio 2025 a mayo 2026, la fiscalía estatal alcanzó una cifra histórica de $74,978,882.79 pesos (casi 75 millones de pesos) entregados a los afectados, lo que representa casi el doble frente a los $38,555,694.60 pesos logrados en el ejercicio anterior (julio 2024 – mayo 2025).
• Montos económicos e inmuebles: De manera desglosada, los montos recuperados directamente en efectivo ascendieron a $34,090,832.79 pesos en el periodo actual (frente a $23,257,694.60 previos). Asimismo, el valor de los bienes inmuebles recuperados para las víctimas escaló a los $40,888,050.00 pesos, en contraste con los $15,298,000.00 del lapso anterior.
• Devolución de propiedades: En cuanto a la cantidad física de inmuebles restituidos a sus legítimos dueños mediante las salidas alternas, la cifra aumentó de 25 a 43 propiedades recuperadas.

La información técnica puntualiza que aunque el número de acuerdos celebrados se mantuvo en un margen de estabilidad, la fiscalización y la exigencia de cumplimiento material se fortalecieron de manera prioritaria para evitar la impunidad económica en contra de los ciudadanos.

Disciplina digital y coordinación con los jueces

Carlos Torres Piña expuso que para materializar estos resultados se requirió instaurar una disciplina de control técnico cotidiano en lugar de basar la procuración de justicia únicamente en discursos políticos o en detenciones en flagrancia.

Como parte de este rediseño estratégico, destacó que a partir del mes de octubre entró en vigor la plataforma digital de conectividad e interconexión judicial AccessJust, desarrollada de manera coordinada con el Poder Judicial de Michoacán bajo la apertura del magistrado presidente Hugo Gama Coria.

Finalmente, el fiscal de la entidad reiteró que los retos pendientes de la hoja de ruta implican robustecer los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) —donde el estado posee una fortaleza reconocida al resolver el 20.73% de sus casos por esta vía, tal como lo desglosa el archivo fge3.jpeg—, disminuir de manera integral el archivo temporal y priorizar con absoluta transparencia e inteligencia policial la judicialización oportuna de los delitos de alto impacto que flagelan a la sociedad michoacana.