Alejandro Castañeda
Morelia, Michoacán, 15 de junio de 2026.- La comunidad indígena de Pómaro, Aquila, decidió transitar al modelo de autogobierno y presupuesto directo, convirtiéndose en la comunidad número 52 de Michoacán en adoptar este esquema de organización reconocido por la legislación estatal y respaldado por los principios de libre determinación de los pueblos indígenas.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que esta decisión permitirá a la población ejercer de forma directa la planeación y aplicación de los recursos destinados a obras, programas sociales, capacitación comunitaria y proyectos de beneficio colectivo.
“Con esta decisión, la comunidad de Pómaro toma el rumbo de su propia administración. Ahora serán los propios habitantes quienes decidan, de manera directa y transparente, en qué se aplicarán los recursos públicos para atender las necesidades más urgentes y prioritarias de su población”, señaló el mandatario estatal.
La incorporación de Pómaro al modelo de autogobierno forma parte de una política pública impulsada por el Gobierno de Michoacán para fortalecer el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Actualmente, Michoacán cuenta con 52 comunidades que ejercen autogobierno y presupuesto directo, consolidando una experiencia que diversos especialistas consideran una de las más avanzadas del país en materia de autonomía indígena y participación comunitaria.
El modelo permite que las comunidades reciban directamente la parte proporcional de las participaciones federales y estatales que les corresponde, mientras que las decisiones sobre el uso de los recursos son tomadas en asambleas generales, consideradas la máxima autoridad comunitaria. A su vez, los concejos comunales electos mediante usos y costumbres coordinan acciones relacionadas con infraestructura, salud, educación y servicios públicos.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, este esquema busca garantizar la participación efectiva de las comunidades en las decisiones que impactan su desarrollo, fortalecer su identidad cultural y reconocer su capacidad para definir sus propias formas de organización y gobierno.
La administración estatal ha manifestado su interés en continuar acompañando a las comunidades que deseen ejercer este derecho, bajo la premisa de que la autonomía indígena y el autogobierno no representan una separación del Estado, sino una vía para ampliar la participación ciudadana, fortalecer la democracia comunitaria y garantizar el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos originarios.
