La normativa aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional impone una estricta imparcialidad a funcionarios públicos y liderazgos partidistas para garantizar la equidad.
Zuhey Medina / Metapolítica
Morelia, Michoacán, a 17 de junio de 2026.— El Comité Ejecutivo Nacional de Morena publicó de manera oficial la convocatoria para definir la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán. Con el objetivo de garantizar la equidad, la unidad interna y un correcto desarrollo del proceso organizativo, el documento establece restricciones severas e inapelables para los servidores públicos y miembros de las estructuras del partido.
De acuerdo con la Base Octava del documento emitido en la XVI Sesión Urgente, queda estrictamente prohibida la intervención de funcionarios y representantes en actividades de apoyo o propagandísticas, ya sea a favor o en contra de cualquiera de los perfiles participantes. Asimismo, se les mandata abstenerse de expresar preferencias públicas o pactar con facciones afines, obligándolos a mantener una estricta imparcialidad.
¿Quiénes tienen prohibido intervenir en el proceso?
La restricción abarca de manera específica a los siguientes cuadros políticos y gubernamentales:
- Las y los gobernadores e integrantes de sus respectivos gabinetes.
- Alcaldes, alcaldesas, presidentes municipales y sus colaboradores de primer nivel.
- Coordinadores y coordinadoras de las bancadas legislativas federales y estatales de Morena.
- Directivos de todos los cuerpos legislativos, tanto a nivel federal como estatal.
- Cualquier persona que ocupe un cargo de dirigencia nacional o estatal del partido.
- Las y los integrantes de las comisiones nacionales de Elecciones, de Encuestas, y de Honestidad y Justicia.
- Miembros del Instituto Nacional de Formación Política y su Consejo Consultivo.
Sanciones y deber de cuidado
La convocatoria advierte que el quebrantamiento de estas disposiciones no solo generará el desprestigio y la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia los infractores, sino que también influirá negativamente en la valoración integral de los perfiles promovidos. Adicionalmente, el texto prohíbe de forma tajante el uso de presupuesto público o bienes gubernamentales para beneficiar a los aspirantes.
Ante cualquier práctica indebida, la militancia y los simpatizantes podrán presentar las pruebas correspondientes ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que se apliquen las sanciones estatutarias a la brevedad posible.
