Encabeza Marco Rubio foro con más de 60 países para catalogar el activismo de izquierda como “terrorismo”

Destacó la vigencia de recompensas de hasta 10 millones de dólares para desarticular los flujos económicos de los colectivos señalados.

Zuhey Medina / Metapolítica

Morelia, Michoacán, a 16 de julio de 2026.— El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, encabezó un foro internacional con delegaciones de más de 60 países orientado a catalogar la protesta social y el activismo radical de izquierda como una “amenaza transnacional” de carácter terrorista.

El encuentro ministerial, desarrollado en la ciudad de Washington D. C., sirvió como plataforma para que el gobierno norteamericano promoviera la unificación de criterios policiales y financieros a escala global, articulando una agenda que busca criminalizar y perseguir los movimientos y manifestaciones críticas al sistema bajo la etiqueta de “terrorismo político”.

Persecución al activismo social y las protestas migratorias

Durante las jornadas del foro, la administración estadounidense centró su narrativa en vincular directamente a los colectivos activistas con delitos federales, acusando al anarquismo, al marxismo y al comunismo de operar como los verdaderos enemigos ideológicos del orden establecido. En los discursos oficiales, se identificó explícitamente a los grupos señalados como los principales promotores de las históricas protestas sociales por los disturbios de George Floyd en el verano de 2020.

Asimismo, las autoridades norteamericanas arremetieron contra las movilizaciones ciudadanas que han hecho frente a las políticas de deportación, señalando de manera directa a las organizaciones que apoyaron las manifestaciones contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las redadas antimigrantes. Según los funcionarios de la Casa Blanca, estos movimientos ciudadanos no representan libre expresión, sino lo que catalogaron como una “insurrección sistemática, organizada y financiada” que ejerce una supuesta resistencia armada contra el gobierno federal.

Uso de recompensas millonarias y bloqueo financiero

La estrategia coordinada por la Casa Blanca contempla acciones punitivas inmediatas para asfixiar las estructuras de disidencia. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó que la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI) dirigirá sus mecanismos de fiscalización hacia las organizaciones civiles y de beneficencia pública, bajo el argumento de que operan como conductos financieros ilícitos.

En este marco, el Departamento de Estado destacó la vigencia de recompensas de hasta 10 millones de dólares a través del programa Recompensas por la Justicia, destinadas a obtener información que permita desarticular de manera definitiva los flujos económicos y los mecanismos de financiamiento de los colectivos señalados. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, abordó los alcances del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 7 (NSPM-7), el cual faculta la integración de las agencias de inteligencia para efectuar detenciones y enjuiciamientos sistemáticos de activistas en territorio estadounidense.

DISCURSO COMPLETO EN ESPAÑOL: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/07/remarks-at-the-opening-of-the-ministerial-on-the-resurgence-of-political-terrorism/