Por Alejandro Castañeda
Que Michoacán cuente con 14 alimentos, bebidas y artesanías protegidos mediante indicaciones geográficas (IG), denominaciones de origen (DO) y marcas distintivas, como informó recientemente la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), podría parecer una noticia exclusiva del ámbito comercial. En realidad, también habla de derechos humanos. Detrás de cada uno de estos reconocimientos existen comunidades que durante generaciones han defendido su territorio, sus conocimientos tradicionales y su forma de vida.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha sostenido que las indicaciones geográficas pueden convertirse en una herramienta eficaz para proteger los conocimientos tradicionales y el patrimonio cultural de los pueblos. Su importancia radica en que vinculan jurídicamente un producto con el territorio y con las personas que han perfeccionado sus técnicas a lo largo del tiempo. No protegen únicamente un nombre; protegen una historia colectiva.
El caso del queso Cotija ilustra con claridad esa realidad. Elaborado desde el siglo XVI en la Sierra de Jalmich, entre Michoacán y Jalisco, este producto artesanal enfrenta desde hace años la competencia de imitaciones industriales comercializadas como “tipo Cotija”. Esa práctica no solo confunde a los consumidores: también reduce las oportunidades económicas de las familias que conservan el proceso tradicional de elaboración.
La marca colectiva obtenida en 2005 y el proceso para alcanzar una denominación de origen representan mucho más que un reconocimiento legal. Diversos estudios han demostrado que la organización de los productores permitió fortalecer la identidad del queso, mejorar su valor en el mercado y ofrecer una alternativa económica para evitar el abandono de esta actividad. Defender el nombre del queso Cotija significa, en el fondo, defender el derecho de cientos de familias a vivir dignamente de un conocimiento heredado por generaciones.
Algo similar ocurre con el cobre martillado de Santa Clara del Cobre. La indicación geográfica protege una técnica artesanal transmitida dentro de los talleres familiares desde tiempos prehispánicos. Cada pieza elaborada conserva una tradición que forma parte de la identidad del pueblo p’urhépecha y constituye una importante fuente de empleo para la comunidad. Su protección jurídica reconoce que ese patrimonio cultural no puede desvincularse de quienes lo han preservado durante siglos.
Sin embargo, la propiedad industrial no garantiza por sí sola la justicia. Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han advertido que el patrimonio biocultural continúa enfrentando amenazas derivadas de la falta de consulta efectiva, la escasa participación comunitaria y políticas públicas insuficientes para proteger a quienes resguardan estos saberes.
La pregunta es inevitable: ¿las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se construyen junto con las comunidades o únicamente para ellas? La diferencia resulta fundamental. Si las reglas de uso se diseñan sin escuchar a quienes producen el queso, trabajan el cobre o elaboran la nieve de pasta, estas figuras corren el riesgo de convertirse en simples instrumentos de promoción comercial, sin generar beneficios reales para quienes mantienen vivas esas tradiciones.
Los procesos para obtener la Indicación Geográfica de la Nieve de Pasta de Pátzcuaro y fortalecer la protección del queso Cotija serán una prueba importante. Su éxito no dependerá únicamente del reconocimiento legal, sino de la capacidad para colocar a las comunidades productoras en el centro de las decisiones.
Proteger un queso, un molcajete o una catrina es mucho más que defender una marca. Es reconocer que detrás de cada producto existe una comunidad, una memoria colectiva y un patrimonio que merece ser preservado. Cuando la propiedad industrial protege esos vínculos, deja de ser solamente una herramienta económica para convertirse también en un instrumento de derechos humanos.
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