Por Elizabeth Juárez Cordero
El desplazamiento forzado como resultado de la violencia colectiva es la crisis emergente que enfrenta el Estado mexicano, aun sin un reconocimiento serio que refleje el diseño e implementación de estrategias y políticas públicas que permitan su prevención y atención respecto de las miles de personas desplazadas de sus lugares de origen o de residencia en todo el país. El desplazamiento es un claro efecto del aumento sostenido de la criminalidad y la violencia, cuyas implicaciones tienen graves consecuencias individuales como sobre la vida social y comunitaria de las personas y sus familias, tanto para quienes se desplazan como para las personas que viven en los lugares de acogida.
En julio de 2021, a propósito del registro de miles de indígenas desplazados, provenientes de los municipios de Pantelhó y Chenalhó en Chiapas, señalé que el desplazamiento, junto con el incremento de personas desaparecidos o no localizadas, apuntaba a convertirse en el problema venidero, que agravaría la ya de por sí compleja situación por la que atravesaba el país en materia de inseguridad y derechos humanos (“Desplazados, la crisis que viene” 19 de julio, de 2021. En: https://www.quadratin.com.mx/opinion/opinion-elizabeth-juarez/).
Recientemente, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos presentó su Informe 2021 sobre el desplazamiento interno forzado, del cual se desprende un incremento en el número de episodios ocurridos en el país, al pasar de 28 a 42 de 2019 a 2021 y de 8 mil 664 personas desplazadas en 27 municipios a 28 mil 943 personas en 10 estados y 57 municipios del país.
Por lo que respecta a Michoacán, pasamos de 704 personas estimadas en condición de desplazados, provenientes de 3 municipios en 2019 a 13 mil 515 en 28 municipios afectados en 2021; acumulando el 46.6 por ciento del total nacional de desplazados registrados por la Comisión. Datos que son congruentes, con lo que observamos en 2021 desde el Consejo Estatal de Población en el estado con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020; 27 de los 113 municipios habrían reducido su población, Turicato, La Huacana, Churumuco, Tuzantla, Tumbiscatío, Aguililla, Arteaga, Tiquicheo, Paníndicuaro, Villamar, Ecuandureo, San Lucas, Penjamillo, Chinicuila, Jiménez, Tzitzio, Tuxpan, Chucándiro, Numarán, Jungapeo, Morelos, Epitacio Huerta, Huaniqueo, Carácuaro y Zináparo.
Mientras que, entre los municipios registrados con episodios de personas desplazadas en el Informe de la Comisión, además de La Huacana, Churumuco, Tumbiscatío, Aguililla, Arteaga y Tuxpán, se suman los municipios de Apatzingán, Buena Vista, Chinicuila, Coalcomán, Cotija, Nuevo Urecho, Parácuaro, Tepalcatepec, Uruapan, Zamora, Tacámbaro, Sahuayo, Múgica, Morelia, Los Reyes, Lázaro Cárdenas, Huetamo, Hidalgo, Salvador Escalante, Coahuayana, Álvaro Obregón y Aquila.
Municipios que si bien están distribuidos a lo largo del territorio estatal, estos se concentran en las regiones Tepalcatepec, Infiernillo y la Sierra Costa; exceptuando casi por completo los municipios de las regiones Purépecha, Pátzcuaro-Zirahuén y Bajío. Esta última información destaca, porque a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, en la que del total de población desplazada, 28 por ciento pertenece a alguna comunidad indígena, en Michoacán la población indígena prácticamente no se ha visto afectada por el desplazamiento, situación que bien pudiera explicarse a partir de la defensa del territorio por las propias comunidades a través de sus rondas o policías comunitarias, logrando frenar en alguna medida la incursión de grupos delincuenciales, vinculados al narcotráfico.
De acuerdo con este mismo estudio, del total de 6 episodios contabilizados, 5 de estos tienen como punto de origen un solo municipio, presentando el mayor éxodo de personas en Tepalcatepec con 2 mil 53, seguido por Aguililla con mil 744, Coalcomán 785 y Chinicuila con 780 personas desplazadas.
En el análisis cualitativo sobre el desplazamiento en la entidad, se advierte que además de las disputas territoriales protagonizadas por los grupos delincuenciales, así como la expansión y diversificación de mercados lícitos o ilícitos, a este fenómeno se han sumado de acuerdo con el Informe, el surgimiento de grupos de autodefensas, así como los intereses de grupos empresariales relacionados con el aguacate, pero que muy bien podrían trasladarse a otros sectores como las berries o la minería en Aquila (a propósito de la desaparición de los defensores Antonio Díaz y Ricardo Lagunes, el pasado 15 de enero).
En abril del año pasado, se instaló en Michoacán el Comité Interinstitucional para la atención del desplazamiento forzado, hecho que por sí mismo coloca el interés institucional en los miles de desplazados, que de 2016 a la fecha sumarían un total de casi 26 mil 500 personas. Sin embargo, es necesario que esta coordinación por parte las autoridades, incluidos los distintos órdenes de gobierno y poderes del estado, se trasladen en políticas públicas de solución duradera, que más allá de estar centradas en promover su retorno a la entidad, tengan como principal objetivo la reincorporación social y autosuficiente, de las personas y familias desplazadas.
Es importante señalar, que si bien están ampliamente documentadas las implicaciones de la violencia colectiva en mujeres y niñas, relacionados con la trata, matrimonios forzados, explotación sexual, así como en una mayor proporción de mujeres desplazadas respecto de los hombres, particularmente en entornos de guerra o conflictos armados. No debe asumirse, que este tiene como origen de manera exclusiva la violencia de género o en todo caso sustraerse del contexto de violencia colectiva que vive el país; resultado del avance de las organizaciones criminales y las complicidades con el poder público.
Es indiscutible la permeabilidad de la violencia colectiva en las relaciones interpersonales, familiares y comunitarias, al límite de la normalización, incentivando la generación de ciclos de violencia que se reafirman de la casa a la comunidad y de la comunidad a la casa, provocando que el machismo y la violencia de género sean causa y efecto de la violencia que se vive en buena parte del territorio nacional. Perder de vista esta relación o usarla como atenuante, en poco ayuda a encontrar respuestas para la atención y prevención del desplazamiento y de otros fenómenos delictivos con igual o mayores repercusiones individuales y sociales, como el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por grupos del crimen organizado.
La nota local: El viernes pasado el Ejecutivo del estado presentó la iniciativa de Ley contra el delito de extorsión, medida que de implementarse de manera efectiva, además de buscar desincentivar su comisión y con ellos las afectaciones sobre el precio de productos como el limón y el aguacate, irá cerrando de apoco la llave de grupos delincuenciales, limitando su expansión en mercados lícitos e ilícitos, que no solo afectan los intereses de grandes productores, sino también el bolsillo de los consumidores.
Las opiniones emitidas por los colaboradores de Metapolítica son responsabilidad de quien las escribe y no representan una posición editorial de este medio.
