Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Ni el proceso electoral está en riesgo ni se resta autonomía al Instituto Nacional Electoral (INE), a partir de las reformas legales en materia electoral, mejor conocidas como plan B, que fueron aprobadas y promulgadas recientemente; “eso es falso”, aseveró de manera tajante el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña.
Al defender dichas adecuaciones legales, que fueron controvertidas ante la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) por los partidos de oposición al actual régimen, y también impugnadas por el mismo organismo electoral nacional, argumentando varias inconstitucionalidades, Torres Piña fue enumerando aspectos sobre los cuales consideró se ha vertido información falsa para desinformar sobre las adecuaciones que tendrán vigencia para el proceso electoral venidero.
Recordó que el año pasado fue presentada una reforma constitucional en materia electoral, misma que fue rechazada por el Congreso de la Unión, por lo que se recurrió de último momento a plantear reformas legales que finalmente avanzaron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.
Al respecto, el secretario de Gobierno dijo que “no es cierto que ese quiera desmantelar al INE”, y que la reducción de personal y desaparición de las juntas distritales sólo será aplicable a los años en los que no habrá proceso electoral.
Para los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) se establecen ajustes para eliminar duplicidad de funciones que realiza el organismo nacional, como lo son en tareas de fiscalización, cuya responsabilidad recae en el INE, por lo que no es necesario que los organismos locales tengan esa área.
El plan B contempla la revisión de los tabuladores salariales para que nadie gane más que el presidente de la República.
Sobre los procedimientos electorales, detalló que se reducen los tiempos electorales para no estar siempre en un proceso electivo, además de que se mantiene el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en los términos vigentes, por lo que, insistió, “no se pone en riesgo la logística de las contiendas”.
Tales modificaciones legales aprobadas “nos obliga a los estados a hacer lo propio en las adecuaciones”, las cuales tendrán que darse también 90 días antes de que inicie formalmente el proceso electoral siguiente.
“La reforma rescata el principio de la aplicación estricta de la ley, sin ocurrencias; ante la ambigüedad de algunos artículos”, dijo Carlos Torres Piña, y añadió que el plan B también “regula y define la propaganda gubernamental, abonando a la libertad de expresión”.
Por ello, enfatizó el secretario de Gobierno, “es falso que se ponga en riesgo la organización de las elecciones”.
“En ningún momento salen de control del INE el padrón electoral y las listas nominales, no existirá la posibilidad de manipulación del gobierno o de terceros”, explicó, y puntualizó que en el caso del voto de mexicanos en el extranjero, es falso que la Secretaría de Relaciones Exteriores intervendrá en la elaboración de las listas nominales de los connacionales, ya que es una facultad exclusiva del INE.
