Por David Alejandro Delgado Arroyo
El pasado 2 de marzo de 2023 se publicó la segunda parte del Plan B de reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación, por lo que al día siguiente, el 3 de marzo, entraron en vigor las diversas disposiciones reformadas.
Por ello, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de inmediato, el mismo 3 de marzo creó el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral, mismo que el pasado 16 de marzo, presentó ante el mismo Consejo General, que fue aprobado por éste, el Plan de Trabajo y Cronograma del Comité Técnico.
El primer problema logístico de la reforma tiene que ver con que los transitorios de la misma señalan una ruta de implementación que inicia en el mes de enero de 2023, sin embargo, la reforma se publica dos meses después. Por ello, se toman esos dos meses para reprogramar las actividades señaladas en los Transitorios debido a la magnitud de la reestructuración que implica a nivel nacional un total de 361 unidades responsables.
Lo anterior implica llevar una reestructura organizacional que considere aproximadamente 3,207 puestos de mando y 7,190 puestos técnicos operativos a fin de llevar a cabo una compactación y reorganización de la estructura orgánica del INE.
De manera que, en el mes de marzo, el Comité Técnico y el Consejo General del INE deberán emitir los Lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura.
Lo que seguirá es un periodo que inicia el 1 de abril y concluye el 31 de octubre para que se realice el proyecto de reestructura orgánica conforme a los Lineamientos emitidos, así como el proyecto de compactación de las estructuras no contempladas en la reforma.
De igual forma, el cronograma de adecuación normativa producto de la reforma, inició el pasado 15 de marzo y concluirá el 31 de Julio.
Mientras el Consejo General no emita las nuevas disposiciones, la normatividad vigente previa a la reforma continuará en vigor, por lo que la estructura del INE previa a la reforma permanecerá en tanto se concreten los trabajos de revisión y se apruebe el nuevo esquema organizacional, lo que concluirá al terminar octubre de 2023.
A la par de esta implementación, el Instituto Nacional Electoral ha presentado ya dos Controversias Constitucionales sobre la reforma electoral conocida como Plan B, que se suman a las diversas acciones de inconstitucionalidad que presentaron diversos partidos políticos, así como a los Juicios Electorales y Amparos Administrativos Laborales.
En la ruta de la tormenta de medios, ya se tiene la concesión de la suspensión definitiva en solicitud de amparo por parte de un juzgado de distrito respecto al cese del secretario ejecutivo del INE; pero además el 22 de marzo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó la inaplicación de dicho artículo transitorio. Todo ello debido a que dicha norma es contraria al artículo 13 Constitucional que prohíbe las leyes privativas, es decir, leyes dirigidas a una persona en lo particular.
Lo anterior representan las primeras acciones jurídicas frente a una reforma electoral que se ha cuestionado por sus múltiples inconstitucionalidades.
Ahora bien, mientras por una vía corre la implementación de la reforma y por otra los medios que podrían detener su aplicación, también, el próximo 4 de abril, se integrarán 4 de 11 Consejerías Electorales del Consejo General del INE, entre ellas, la que ostente la Presidencia.
Otro eslabón de esta polémica y compleja reforma electoral tiene que ver con el Décimo Noveno transitorio del decreto publicado el 2 de marzo señala que “Los Congresos de los Estados realizarán las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria conforme al presente decreto antes de noventa días del inicio del proceso electoral de 2023-2024”.
Sin embargo, debido precisamente a que se encuentra en litis y ya ha habido un primer aviso que podría desencadenar o una inaplicación generalizada de la reforma o inaplicaciones particulares de diversas disposiciones, los Congresos de los Estados deberán ser cautos, para no meter mayor número de complicaciones a esta fase preelectoral.
Además, según el Transitorio Vigésimo, los organismos públicos locales como el IEM de Michoacán deberán estar haciendo las adecuaciones de sus estructuras orgánicas para establecer la estructura ocupacional mínima señalada en la reforma, antes de los mismos 90 días previos al inicio del proceso electoral de 2023-2024, por lo que tendrían que estar integrando un Comité Técnico similar al generado en el Consejo General del INE.
Estas acciones se dan a la puerta de los procesos electorales concurrentes con el mayor número de cargos en disputa, justo cuando las instituciones electorales deben robustecerse y no debilitarse.
Cuando los órganos electorales nacional y locales deberían estar firmando los Convenios de Apoyo y Colaboración, inclusive comenzar con la revisión de los anexos técnicos de los aspectos particulares y específicos de coordinación frente a una compleja concurrencia de elecciones federales y locales; el INE se enfrenta a una complicada revisión orgánica.
De hecho, en estos momentos, el INE debería estar avanzando en la preparación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, e inclusive en el diseño de la documentación y materiales electorales, además de otras disposiciones que generen condiciones de equidad en la competencia electoral
Ante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe darse prisa en la revisión de las Controversias y Acciones de Inconstitucionalidad, porque cada día que pase podrá generar más presión organizativa para llegar a la Jornada Electoral que se llevará a cabo dentro de un poco más de 14 meses, el 2 de junio de 2024.
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