Por Héctor Tapia
La violencia en Morelia ha tenido un comportamiento a la alza, y con ello las preguntas obligadas que se desprenden son varias, pero la que resuena con mayor fuerza en las últimas semanas es: ¿por qué hay resistencia del Ayuntamiento moreliano en firmar la coordinación en materia de seguridad?
Cierto. Las otras preguntas, que no son menores, tienen que ver con las causas que tienen este incremento en la violencia, y los costos que han tenido recientemente.
Sobre esto último, ¿es acaso el control de la extorsión de parte de algún grupo criminal específico? De pronto esto pareciera ser la causa.
Sin embargo, un tema se ha colocado en la agenda en las últimas semanas, y tiene que ver con la renuencia del gobierno de Alfonso Martínez Alcázar en firmar este acuerdo de coordinación, y la insistencia del Gobierno de Michoacán en referir que esto no se ha concretado, pese al escenario de inseguridad que es cada vez más palpable.
Hay discrepancias en las comunicaciones de un nivel de gobierno a otro, y en medio de esas discrepancias está la incertidumbre que tiene que vivir la ciudadanía.
Por un lado el Gobierno de Michoacán señala que desde hace más de un año se ha estado insistiendo al gobierno municipal para que firme el acuerdo de coordinación para reforzar los trabajos de seguridad de manera conjunta.
Esto lo ha señalado desde la Secretaría de Gobierno del estado, a través de su titular, Carlos Torres Piña, y el mismo gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Por otro lado, el gobierno municipal, en voz del propio alcalde Alfonso Martínez Alcázar, ha referido su disposición en coordinarse, pero han destacado que no existe una propuesta formal u oficial al respecto. Todo ha sido meramente extraoficial.
Sobre esto el gobierno del estado ha referido que el nuevo modelo no es como el Mando Único o Unificado, que este nuevo acuerdo no implica entregar el manejo de recursos al estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública.
Con todo esto, hay elementos o características que en su momento se señalaron por el mismo titular de Seguridad de la entidad, José Alfredo Ortega Reyes, que podrían ser la causa de la renuencia, aunque ninguna de las partes la refieran de manera clara o directa al respecto.
Una de estas características, dadas a conocer hace una semana en una entrevista por Ortega Reyes, es que con este acuerdo el director o subdirector de Seguridad lo nombraría el estado.
Es decir, esta disposición pondría sobre las cuerdas a Alejandro González Cussi, Comisionado de Seguridad Pública del municipio. “El Secretario de Seguridad Pública, la única función que ejerce conjuntamente con el municipio, es la designación del director o subdirector correspondiente”, refirió José Alfredo Ortega en una entrevista hace una semana.
Y es justo esto donde está el punto de quiebre. El alcalde Alfonso Martínez Alcázar ha dado muestras de que no está dispuesto a remover a González Cussi de su posición; esto pese a que ha habido varios acontecimientos que han generado crisis en materia de seguridad y respeto y protección a los derechos humanos.
Asimismo, se sabe que el alcalde no está dispuesto a ceder esta posición, además de que tampoco está dispuesto a asumir una estrategia de seguridad que no sea la que su comisionado ha venido implementando, mucho menos que “se confundan” los trabajos que realizan los cuerpos de seguridad de los dos niveles de gobierno; esto, por supuesto, de manera “extraoficial”, porque no se ha comunicado formalmente.
Lo cierto es que se lleva año y medio de los actuales gobiernos municipal y estatal, y los mensajes de falta de coordinación siguen siendo más que evidentes, quedando la ciudadanía en medio de esta situación sin que se pueda tener certeza sobre si habrán de coordinarse de manera plena para garantizar la seguridad.
Otro aspecto que también es evidente, cuando menos así lo parece: no habrá firma de convenio de coordinación si esto implica remover al comisionado de Seguridad, que también, queda claro, tiene toda la confianza del alcalde.
