Metapolítica
Morelia, Michoacán.– Este viernes la Secretaría de la Marina tomó de forma sorpresiva las instalaciones de Grupo México en Coatzacoalcos, luego de que el jueves Presidencia de la República lanzara un nuevo decreto para resguardar la información de obras como el Tren Maya.
Expertos consultados por medios como El Universal o Milenio afirmaron que se trata de la primera expropiación realizada por el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fue a las 6:00 horas del viernes cuando Grupo México Transportes informó que personal armado de la Semar ocupó las instalaciones de Ferrosur en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas.
“La sorpresiva e inusitada toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas está siendo analizada por parte de Grupo México Transportes, sus inversionistas y asesores”, declaró Grupo México en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Agregaron que mantendrán el servicio a los usuarios.
La toma fue a tres rutas ferroviarias de Grupo México y Carso Sinca Inbursa en Veracruz, la primera firma está encabezada por Germán Larrea.
Cabe señalar que días antes Larrea y Carlos Slim se reunieron con el López Obrador en Palacio Nacional, en donde supuestamente el mandatario dio visto bueno a la adquisición de Banamex.
Por su parte, el gobierno declaró, en el Diario Oficial de la Federación, de “utilidad pública” la conservación y prestación del servicio de transporte ferroviario en esos tres tramos, concesionados a Ferrosur, que es parte de la división de transportes de Grupo México.
También justifican la decisión por supuestas afectaciones económicas y fallas en la operación en el Tren del Istmo de Tehuantepec, específicamente en las líneas Z, ZA y FA, que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos.
Además cita la Ley de Expropiación, por lo que la “ocupación temporal”, “sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo”.
Juan José Iturbe López, abogado constitucionalista, y fundador de Malpica, Iturbe, Buj y Paredes, indicó:
“Este amparo va a estar sumamente politizado, un amparo normal con recursos de revisión ante un tribunal colegiado tarda 16 meses (ocho meses en resolverse y ocho la revisión), que es lo que tarda en terminar este sexenio”.
