Zuhey Medina / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que el actual auditor Miguel Ángel Aguirre Abellaneda tiene una serie de quejas por parte de ayuntamientos, que podrían ser considerados un delito de tipo penal, al tratarse presuntamente de extorsión.
“Algunos de los actos que se están investigando y se han puesto sobre la mesa pueden, en un momento dado, tipificarse como, no nada más una falta administrativa, sino también una causa penal”, indicó el mandatario.
Desde hace unos días, Aguirre Abellaneda, actual titular de la Auditoria Superior de Michoacán (ASM), enfrenta un juicio político y una solicitud para ser relevado de sus funciones por parte del Congreso del Estado.
“Es tema del Congreso del Estado, darle trámite a ambos temas”, reiteró Ramírez Bedolla ante la insistencia de los medios en rueda de prensa.
Respecto a la nueva convocatoria para el cargo, recordó que también es responsabilidad de los legisladores locales.
Cabe recordar que el pasado 2 de marzo entró en vigor la reforma al Código Penal, impulsada por el gobernador, que eleva hasta 25 años de prisión la pena para quien resulte culpable por la comisión del delito de extorsión.
