Héctor Tapia / Metapolítica
Por mayoría, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Puntos Constitucionales, dieron el ha lugar a la denuncia de juicio político contra Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, ex auditor superior de la entidad.
Es decir, le dieron paso a que el caso sea analizado a fondo por los integrantes de la Comisión Jurisdiccional, esto a partir de los elementos integrados en la carpeta que fue presentada al Congreso.
Las Comisiones Unidas establecieron que son competentes para estudiar, analizar y determinar la procedencia o improcedencia de la denuncia de juicio político, y que los requisitos necesarios para la procedencia de la denuncia deben entenderse como las condiciones legales a cumplirse para que entonces se pueda proceder al desahogo del procedimiento solicitado.
Esta solicitud de juicio político la presentó desde el 22 de mayo pasado la titular de la Secretaría de Contraloría del estado, Azucena Marín Correa, quien enumeró una serie de puntos entre los que destacó la presumible posición de conflicto de intereses de parte del ahora ex auditor superior del estado, esto en perjuicio de los intereses públicos.
En un procedimiento paralelo contra el ex auditor, la semana pasada fue sometido a un proceso de destitución, a partir de denuncias presentadas por alcaldes michoacanos, quienes señalaron acciones indebidas de parte de Aguirre Abellaneda, entre ellas que asumió facultades de fiscalización que no estaban en sus competencias, como era fiscalizar el manejo de recursos federales cuando no está en su competencia.
Esta denuncia escaló este martes a una denuncia de carácter penal por presumiblemente incurrir en extorsión a los alcaldes, denuncia que fue presentada ante la Fiscalía General del Estado.
