Por Carlos F. Márquez
Después de 25 días de campaña por las diputaciones locales y gobiernos municipales vale la pena hacer un balance del desarrollo que ha tenido la contienda por los cargos de representación popular; son 1 mil 151 posiciones las que se disputan en Michoacán -federales y locales-, y a pesar de ello la exposición de las candidatas y candidatos no ha sido tan avasallante como en otros procesos.
Aunque el costo de la elección sigue siendo oneroso, la fiscalización electoral ha logrado contener el gasto, por lo que vemos dinámicas diferentes en las actividades proselitistas: han reducido los eventos en gran formato y las movilizaciones masivas, ahora se hace más trabajo territorial y de vinculación sectorial. La batalla mediática que se libraba en radio y televisión se ha expandido a medios digitales, donde la guerra es asimétrica y se logran más alcances con menos inversión. La lucha por el voto en redes sociales es extensa e intensiva, sin reglas ni códigos.
Narrativa de una derrota.
Los partidos políticos y todo el aparato mediático han orientado sus baterías a deslegitimar la elección con el argumento de la presunta intervención del narco; sin embargo, esta narrativa -recurrente en todos los procesos electorales- esconde un afán por conjurar la derrota, y tiene como propósito construir un argumento que sirva para desconocer en tribunales el resultado de los comicios. El verdadero riesgo es el de un golpe de Estado judicial.
¿Es la delincuencia organizada una amenaza real para las elecciones? El narco es el actor principal de la tragedia nacional desde el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), pero la verdadera amenaza la constituyen quienes hacen pactos ilegales para compartir el ejercicio del poder, o que dejan las facultades institucionales en manos de poderes fácticos. Los mayores atentados contra la democracia han provenido del statu quo político en forma de fraude electoral, el de 1988 y el de 2006, orquestados justamente por quienes hoy son oposición.
Mantener a la delincuencia organizada fuera de las elecciones no sólo es obligación de los gobiernos en turno, es en principio una responsabilidad de los partidos políticos, quienes deben postular candidatos que no tengan vínculos inconfesables, y mucho menos antecedentes que enloden su trayectoria. Es precisamente ahí, en ese filtro, donde han fallado las dirigencias partidistas, y así lo confirma el Poder Judicial de Michoacán, cuyo presidente, Jorge Reséndiz, refirió que resultado de una revisión solicitada por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) fueron detectados 167 candidatos que tienen algún antecedente de tipo penal, y mil 935 relacionados con causas legales en materia familiar.
Refresquemos la memoria
El secretario de Gobierno en Michoacán, Elías Ibarra, ha insistido en que este 2024 existen mejores condiciones para el desarrollo del proceso electoral que las que se tuvieron en la elección del 2021. En ese año, las candidatas y candidatos tuvieron que hacer campaña en una entidad que tenía síntomas de Estado fallido: territorios bajo dominio absoluto de grupos armados, carreteras bloqueadas y pueblos incomunicados, alta incidencia de homicidios, el magisterio con un plantón en las vías del ferrocarril, y un gobernador que bajó la cortina del gobierno para dedicarse a la actividad política.
Las condiciones en las que ganaron la gubernatura Fausto Vallejo (2011) y Silvano Aureoles (2015) no eran mejores que las del actual proceso electoral. Si bien, la presencia del narco es innegable y continúa la disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada, ahora la diferencia respecto a elecciones anteriores es que en dos años de gobierno Alfredo Ramírez Bedolla ha logrado recuperar la vida institucional y restablecer la gobernabilidad, por lo que actualmente la fuerza del Estado se encuentra actuante para preservar las condiciones generales y particulares de seguridad.
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